Con el escándalo del espionaje de Estados Unidos a sus últimos tres presidentes como telón de fondo, Francia se dotó el miércoles de una polémica ley que refuerza a sus servicios de inteligencia, ante la indignación de sus detractores, que temen el inicio de una «vigilancia masiva».
Defendida por el gobierno de izquierda en el poder en nombre de la lucha antiterrorista, la nueva ley de los servicios de inteligencia fue adoptada definitivamente en la tarde y en breve será promulgada por le gobierno.
El texto fue votado a mano alzada en el Senado obteniendo el aval de una gran mayoría de los senadores de izquierda y derecha, pero con voces disidentes en prácticamente cada grupo político.
Aunque fue propuesta el año pasado, el gobierno socialista aceleró su elaboración tras los atentados yihadistas que dejaron 17 muertos entre el 7 y el 9 de enero en París.
De la prevención de atentados al espionaje económico, el texto define un abanico de misiones de los servicios de inteligencia, así como el régimen de autorizaciones y de control de sus técnicas de espionaje (escuchas, uso de cámaras o de programas informáticos espía, acceso a datos de conexión, etc.)
Según el primer ministro Manuel Valls, la ley enmarcará la actividad de los servicios de seguridad y les permitirá ser «lo más eficaces posible ante la amenaza terrorista», pero también «en la lucha contra la gran criminalidad o contra el espionaje económico».
El compromiso del presidente François Hollande de consultar al Consejo Constitucional para «garantizar» que la ley es » totalmente conforme» a la Constitución, una primicia en Francia, no ha calmado la controversia suscitada.
Un centenar de parlamentarios opuestos al texto quieren presentar un recurso ante la misma instancia.
La amalgama de detractores de este texto reúne a asociaciones de defensa de los derechos humanos, magistrados, medios de comunicación y sindicatos de periodistas, actores de la industria digital y políticos de todo el espectro, muchos en contra de sus propios partidos.
‘Vigilancia masiva’
La ley podría terminar en un sistema de «vigilancia masiva» peligrosa para las libertades y «no es el mejor medio para combatir el terrorismo», denunció el miércoles el diputado conservador y exministro Pierre Lellouche.
A nivel internacional, el proyecto también ha levantado la inquietud del Consejo de Europa y de la OSCE; la ley «podría plantear importantes cuestiones relativas al derecho», respondió el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, a dos diputados de derecha preocupados por que el texto violase derechos de la carta europea de los derechos humanos.
Un punto de la ley cristaliza la preocupación de quienes se oponen: la puesta en marcha en las redes de los operadores telefónicos de instrumentos de análisis automático para detectar por medio de «una sucesión sospechosa de datos de conexión» el perfil de personas que puedan representar «una amenaza terrorista».
Estos dispositivos solo recogerían los metadatos, no el contenido de las comunicaciones, pero sus detractores, que los califican de «cajas negras», comparable a los métodos de «vigilancia generalizada» de la NSA estadounidense.
En ese contexto, la revelación de espionaje al presidente Hollande y a sus dos predecesores este miércoles no parece fortuita.
«Nos situamos en posición de analizar todo, de escuchar a cualquiera, en una sociedad obsesionada por el terrorismo. Es el caso de los Estados Unidos post 11 de septiembre y será el caso de la Francia post 7 de enero, con la puesta en marcha de la ley de vigilancia», denunció el diario de izquierda Libération que, junto al sitio informativo Mediapart, publicó los documentos de Wikileaks que revelaban las escuchas de la NSA.
