Las autoridades de Ecuador han impuesto un total de 313 sanciones a medios de comunicación durante los dos años que lleva en vigencia de la Ley de Comunicación, informó hoy la Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom).
De las 313 sanciones, 185 fueron económicas, indicó el organismo en un comunicado, en el que detalló que en estos dos años se han recaudado 201.596 dólares de un monto total de multas impuestas de 273.938 dólares.
En ese tiempo se ejecutaron en total 506 procesos, 282 abiertos por denuncia y 224 de oficio.
El organismo de control indicó que dio «seguimiento aleatorio» a 396 medios radiofónicos, 111 impresos y 78 televisivos y detectó infracciones relacionadas con la identificación de contenidos, no entrega de copias de programas, frecuencia y duración de espacios publicitarios, derecho a la réplica y rectificación, entre otros, señaló esa entidad.
El superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, dijo hoy que con la vigencia de la ley, en su opinión, «hoy más que nunca» existe en Ecuador «una verdadera Libertad de expresión».
Con esta ley, argumentó, los ecuatorianos pueden hacer oír su voz, reclamar sus derechos de rectificación y réplica, exigir que los contenidos no sean violentos ni discriminatorios, que se proteja la identidad de menores, que se respeten los contenidos según franjas horarias y que se difunda música ecuatoriana en igualdad de condiciones que la extranjera.
Ochoa anunció que se preparan reformas para mejorar la aplicación de la ley que incluiría la figura de la mediación para llegar a acuerdos y evitar sanciones; el establecimiento de sanciones graduales y medidas alternativas a las multas como la emisión de programación educativa, entre otras.
La ley de comunicación, aprobada en junio de 2013, es defendida por el oficialismo como mecanismo ante abusos de ciertos medios y considerada una «mordaza» por la oposición y sectores periodísticos.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, uno de los principales impulsores de esa norma, considera que en el país deben coexistir medios públicos y también medios privados, aunque sometidos a regulación para evitar lo que califica de excesos de la «prensa corrupta».
