Infligiendo una nueva derrota a los activistas contra la pena de muerte, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró hoy constitucional un método de ejecución por inyección letal, cuestionado luego de que se usara en varias ejecuciones largas y difíciles.
De los nueve jueces, cinco estimaron que las demandas de condenados a muerte en Oklahoma (sur) no demostraron «un riesgo sustancial de sufrimiento» en el caso de la utilización del midazolam, un ansiolítico, para ejecutar a un prisionero.
La más alta jurisdicción del país halló, en consecuencia, que este método estaba conforme a la octava enmienda, que prohíbe los sufrimientos «crueles e inusuales».
«Los presos no identificaron un método de ejecución disponible y alternativo que implique un significativo menor riesgo de sufrimiento», dijo el juez Samuel Alito al leer la decisión de la mayoría. En rigor, la cuestión que estudiaba la Corte Suprema se centraba en la constitucionalidad del midazolam, un ansiolítico utilizado para dejar inconsciente al condenado antes de administrar el producto letal. Pero en la audiencia del 29 de abril así como en la decisión de este lunes, el debate giró en torno a la inyección letal en general, aprobada hace siete años por esta misma corte, y el futuro de la pena capital en Estados Unidos. Dos jueces sostuvieron el lunes que ya era hora de hacerse una pregunta básica. «¿Es que la propia pena de muerte es constitucional?», lanzó el lunes el juez Stephen Breyer, quien dijo hablar por él y su colega Ruth Ginsburg.
Confirmando la gran controversia que rodea a este tema, el juez ultraconservador Antonin Scalia replicó en la sala del tribunal que «a diferencia del matrimonio gay, la pena de muerte está aprobada por la Constitución».
Los estados de Estados Unidos que aplican la pena de muerte atraviesan por una escasez en la disponibilidad de barbitúricos para realizar las ejecuciones y los han sustituido por midazolam, que ha sido utilizado en varias ejecuciones con el presunto resultado de un mayor sufrimiento del ejecutado.
