Los cinco magistrados conservadores del Tribunal Supremo de Estados Unidos se alinearon ayer para avalar el uso de un polémico sedante usado en las inyecciones letales y así permitir que se aplique la pena de muerte.
De este modo, con cinco votos a favor y cuatro en contra, el Supremo falló en contra de tres presos condenados a muerte en Oklahoma, que alegaban que el empleo del sedante midazolam viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los ciudadanos de “castigos crueles o inusuales”.
Este alegato tiene su origen en la ejecución en abril de 2014 de Clayton Lockett en Oklahoma, que agonizó durante 43 minutos después de que le suministraran una inyección defectuosa y cuyo caso suscitó mucha polémica en el país. El magistrado conservador Samuel Alito afirmó que “los testimonios aportados por las dos partes apoyan la conclusión de que el midazolam puede garantizar que una persona sea insensible al dolor”.
Además, el juez argumentó que los querellantes no han propuesto “un método alternativo, conocido y disponible de ejecución” al midazolam. Mientras la jueza Sonia Sotomayor, junto a sus tres colegas progresistas, apuntó que la petición de un método conocido y alternativo citado por Alito “lleva a consecuencias claramente absurdas”.
El juez progresista Stephen Breyer fue más allá y se cuestionó la constitucionalidad de la pena de muerte como castigo. Sentencia en mano, Oklahoma tiene ahora luz verde para volver a ejecutar y los primeros en la lista son Richard Glossip, John Grant y Benjamin Cole, los presos que precisamente interpusieron esta demanda.
