El periodista hondureño de la opositora radio TV Globo, David Romero, abandonó este lunes la oficina del estatal Comisionado de Derechos Humanos (Conadeh), donde se había refugiado desde el jueves tras denunciar un plan del gobierno para matarlo.
«Hemos acordado con el comisionado de Derechos Humanos abandonar la sede del Comisionado, que ha sido nuestro refugio temporal, nos movilizamos a nuestro hogar», anunció el periodista en rueda de prensa, acompañado por el expresidente derrocado en el 2009 Manuel Zelaya.
Romero se refugió en el Comisionado luego de que el 23 de julio pasado fue sacado intempestivamente por unos 500 simpatizantes de un juzgado, mientras asistía a declarar sobre los cargos de difamación y calumnia que en su contra planteó Sonia Gálvez, esposa del fiscal general adjunto, Rigoberto Cuellar.
Gálvez presentó 40 acusaciones contra el periodista por haber hecho señalamientos de su vida privada a través de radio y TV Globo.
Romero añadió que el Comisionado le garantiza «un cerco de protección frente a las amenazas» que ha recibido y aseguró que comparecerá ante el tribunal cuando cambien los jueces y le garanticen «el debido proceso».
El comunicador dijo que el tribunal pretendía enviarlo a prisión, donde lo iba a matar un sicario por órdenes del presidente Juan Orlando Hernández, en represalia por haberlo involucrado en hechos de corrupción en el Instituto Hondureño de la Seguridad Social (IHSS).
La fiscalía comprobó que unos 300 millones de dólares fueron desviados del IHSS por funcionarios y empresarios, y Hernández aceptó haber tenido informes de que unos 94.000 dólares de ese dinero ingresaron a las arcas de la campaña que lo llevó al poder.
En un comunicado, el gobierno afirmó que «no tiene nada que ver con el proceso judicial que enfrenta Romero», pero «condenó el violento asalto» al tribunal y «reprochó el uso de la violencia y la intimidación» de las autoridades judiciales.
Añadió que «se ha ordenado la adopción de medidas adicionales de protección de la sede del Poder Judicial, a efecto de que la justicia pueda actuar libremente y sin presiones de ningún sector».
La corrupción en el Seguro ha provocado un movimiento de indignados que han protagonizado marchas de decenas de miles de personas desde mayo.
Los manifestantes exigen la renuncia del presidente y la integración de una comisión contra la impunidad de Naciones Unidas que investigue todos los casos de corrupción en Honduras.
