Ecuador vive hoy una jornada de intensa protesta con el bloqueo de varías vías, en rechazo al gobierno y a la eventual reelección del presidente Rafael Correa, que tildó de «fracaso» la huelga convocada por fuerzas indígenas y sindicales de oposición.
Los servicios de transporte, educación, salud y justicia se prestaban con regularidad en las principales ciudades, pese al llamado de opositores a paralizar actividades. Sin embargo, varias vías en seis de las 24 provincias estaban interrumpidas por manifestantes indígenas, según los servicios integrados de seguridad ECU-911.
«Total normalidad en principales ciudades. Lamentablemente, el viejo país, utilizando a indígenas, bloquearon» algunas carreteras, escribió Correa en su cuenta de Twitter.
El mandatario agregó que «ante el fracaso del paro», sus adversarios recurrieron al «cierre de vías» y llamó a los transportistas – un sector aliado del gobierno – a «indignarse».
La policía, que solo en Quito desplegó a 5.000 efectivos para vigilar las manifestaciones organizadas al término de la jornada laboral, no informó de momento sobre enfrentamientos con los indígenas que interrumpen el paso de vehículos, incluido el tráfico por la Panamericana que conecta con Perú.
El miércoles en la noche, Correa alertó sobre posibles desmanes durante el día y ordenó a la policía «evitar la violencia», aunque sin permitir tampoco agresiones a los uniformados por parte de los manifestantes.
Hasta antes del mediodía, la huelga convocada por sindicatos, indígenas y grupos de derecha se traducía en una nueva jornada de movilización y agitación en las calles.
«No queremos la reelección indefinida»
Acosado por protestas que estallaron el 8 de junio, Correa admitió que encara una «dura prueba» antes de las elecciones de 2017, y en medio de la desaceleración de la economía por la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar – la moneda que circula en Ecuador-, y cuyo alto precio le quita competitividad a los productos ecuatorianos.
Los reclamos contra el gobierno son de toda índole, pero confluyen principalmente en la exigencia de que se retire un paquete de enmiendas constitucionales que tramita el Congreso que domina el oficialismo. Entre las enmiendas está una que permitiría a Correa, en el poder desde 2007, presentarse a un nuevo mandato en las elecciones de 2017.
«Nos hemos declarado en levantamiento, para nosotros Correa está caído, ya no nos representa»,dijo a la prensa Carlos Pérez, un dirigente de los sectores indígenas de la sierra opuestos al gobierno.
Pérez, que junto a decenas de nativos realizó un recorrido de 800 km a pie y en auto hasta Quito, agregó que sólo cesarán en su protesta cuando Correa archive las enmiendas que están en el Parlamento, y cuya aprobación está prevista para diciembre.
«No queremos reelección indefinida, porque vamos a caer en la dictadura», enfatizó. Todavía muy popular en varios sectores, Correa no ha resuelto aun si se presentará a un nuevo mandato, pero ha señalado que el movimiento de protesta busca sacarlo del poder antes de las elecciones de 2017.
En ese escenario de tensión, Quito se convirtió en el foco de la jornada de protesta, la más intensa que enfrenta el gobierno desde la rebelión policial de septiembre de 2010 que dejó diez muertos, y que fue considerada por Correa como un intento de golpe de Estado.
Acampados en un parque central de Quito, los indígenas – movimiento que protagonizó protestas que forzaron la salida de presidentes entre 1996 y 2005, pero que ahora está dividido en torno al gobierno -, se preparan para marchar este jueves.
«El éxito sería derrumbar a este gobierno, a este boca suelta. Tenemos que decirle: hasta aquí llegaste compañero y que rinda sus cuentas», dijo a la AFP Luis Medina, un transportista indígena de 40 años.
De su lado, los oficialistas también están concentrados frente a la sede presidencial, en el centro de Quito, para impedir los supuestos planes golpistas denunciados por Correa en las últimas semanas.
«No queremos que los golpistas, los arribistas, continúen tirando las cosas que están avanzadas», dijo a la prensa Carlos Litardo, un líder campesino que apoya al gobierno.
Además del rechazo a las enmiendas constitucionales, sectores empresariales, de clase alta y media protestan contra las políticas e iniciativas de corte socialista de Correa, con las que según el mandatario pretende reducir la desigualdad mediante, por ejemplo, la elevación de los impuestos a las herencias y a la plusvalía.
