Vías bloqueadas, marchas nutridas, enfrentamientos y un país fraccionado: Ecuador afrontó el jueves una jornada de rechazo y apoyo al presidente izquierdista Rafael Correa, que dejó al menos 12 policías heridos y varios detenidos.
Fuerzas indígenas y sindicales que convocaron a una huelga contra las políticas del mandatario y la enmienda constitucional que le permitiría ser reelegido en 2017, marcharon desde temprano en varios puntos del país.
Sobre el final del día, un grupo de manifestantes se enfrentó a puños y a palazos con la policía cuando intentaba romper un cerco en dirección a la sede de gobierno, en el corazón histórico de Quito y en cuyos alrededores se concentraron cientos de simpatizantes del oficialismo.
La policía lanzó gases lacrimógenos, hubo forcejeos y detenidos, según observó un equipo de la AFP.
Pese al llamado de la oposición a paralizar actividades, los servicios de transporte, educación, salud y justicia se prestaron con regularidad en las principales ciudades, aunque muchas personas se abstuvieron de salir o interrumpieron sus actividades a causa de las movilizaciones.
En seis de las 24 provincias los indígenas bloquearon carreteras. Un grupo de ellos taló árboles y los arrojó sobre la Panamericana sur, la vía que conecta con el Perú, impidiendo el tránsito por varias horas.
En su último balance, el Ministerio del Interior informó que 12 uniformados resultaron heridos durante el despeje de las carreteras, principalmente.
Correa, quien se esperaba se dirija en la noche a sus simpatizantes desde el balcón presidencial, aseguró por la red Twitter que «ante el fracaso del paro», sus adversarios recurrieron al «cierre de vías».
Quito fue el epicentro de la jornada de protesta, la más intensa que enfrentó el gobierno desde la rebelión policial de septiembre de 2010 que dejó diez muertos, y que fue considerada por Correa como un intento de golpe de Estado.
En Guayaquil también hubo movilizaciones, quema de neumáticos y proclamas encendidas contra el gobierno al grito de «íFuera, Correa, fuera!».
El llamado a huelga de la oposición se tradujo finalmente en un nuevo pulso en torno a Correa, en el poder desde 2007 y quien ha denunciado una supuesta intentona golpista.
La policía calculó que solo en Quito unas 20.000 personas estuvieron en las calles.
Los indígenas opositores, centenares de los cuales acamparon en un parque de Quito tras realizar un recorrido de 800 km a pie y en auto, desde el sur del país, advirtieron que seguirán protestando hasta que el mandatario rectifique su estrategia.
«Convocamos al pueblo ecuatoriano en base a esta unidad a radicalizar esta lucha, esta medida de hecho», dijo Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
«No queremos la reelección indefinida»
Los reclamos contra el gobierno son de toda índole, pero confluyen principalmente en la exigencia de que se retire un paquete de enmiendas constitucionales que debe ser aprobado en diciembre por el Congreso de mayoría oficialista.
Entre las enmiendas está una que permitiría a Correa presentarse a un nuevo mandato de cuatro años en las elecciones de 2017.
«Nos hemos declarado en levantamiento, para nosotros Correa está caído, ya no nos representa», dijo a la prensa Carlos Pérez, un dirigente indígena de la sierra.
Pérez agregó que sólo dejarán de protestar cuando Correa archive las enmiendas. «No queremos reelección indefinida, porque vamos a caer en la dictadura», enfatizó.
Acosado por protestas que estallaron el 8 de junio, Correa admitió que encara una «dura prueba», en medio de la desaceleración de la economía por la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar – la moneda que circula en Ecuador-, y cuyo alto precio le quita competitividad a los productos ecuatorianos.
Con una popularidad que ronda el 50%, Correa todavía no ha decidido si se presentará a un nuevo mandato, pero ha denunciado que el movimiento de protesta busca sacarlo del poder antes de 2017.
«El éxito sería derrumbar a este gobierno, a este boca suelta. Tenemos que decirle: hasta aquí llegaste compañero y que rinda sus cuentas», dijo a la AFP Luis Medina, un transportista indígena de 40 años que participó en las movilizaciones.
Además del rechazo a las enmiendas constitucionales, grupos empresariales, de clase alta y media protestan contra las políticas e iniciativas de corte socialista de Correa, con las que, según el mandatario, pretende reducir la desigualdad mediante, por ejemplo, el alza de los impuestos a las herencias y a la plusvalía.
La Conaie también rechaza leyes o iniciativas de ley que le han restado poder a los indígenas en la administración del agua, la tierra y la educación en sus territorios.
Desde Caracas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro convocó a un ‘tuitazo’ mundial para mostrar el respaldo a Correa.
