Grupos opositores de Ecuador protestaron este viernes contra el gobierno de Rafael Correa por segundo día consecutivo, tras las manifestaciones que en la víspera dejaron 67 policías heridos y 47 detenidos.
Vigilados por la policía, los manifestantes, en menor número que el jueves, marcharon por las calles del centro de Quito al grito de «!Fuera, Correa, fuera»!.
Simpatizantes del oficialismo también se concentraron frente a la sede de gobierno en apoyo a Correa. La policía no informó sobre incidentes en las manifestaciones.
«Esta marcha es (una) convocatoria pacífica y es legítima del movimiento indígena y del pueblo ecuatoriano», dijo a la prensa el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jorge Herrera.
Decenas de manifestantes nativos que caminaron desde un parque del centro de la capital, donde acampan desde el miércoles, exigen «rectificaciones» al presidente y el archivo de un paquete de enmiendas constitucionales que tramita el Congreso de mayoría gubernamental.
Una de las enmiendas permitiría a Correa, en el poder desde 2007, ser candidato en las elecciones de 2017.
La diputada indígena Lourdes Tibán, que se unió este viernes a la marcha, expresó al portal informativo La República que «los ecuatorianos han reconocido el éxito popular del levantamiento» contra el gobierno, pese a que Correa tildó de fracaso la jornada de protesta del jueves.
Más temprano, el mandatario insistió en sus críticas a la movilización del jueves, que derivó en duros choques con la policía.
«Frente a esa frustración recurren a la violencia y lo que hicieron fue cerrar carreteras», señaló el gobernante.
En seis de las 24 provincias los indígenas bloquearon carreteras, mientras que en la ciudad de Guayaquil (suroeste) hubo movilizaciones y quema de neumáticos.
Correa rechazó cualquier diálogo con la dirigencia de la Conaie por considerar que intenta someterlo a un «chantaje». Además de las enmiendas constitucionales, la organización indígena se opone a iniciativas o leyes que en la práctica le resta poder a los aborígenes en la administración del agua, la tierra y la educación en sus territorios.
