La fiscalía de Sonora, un estado del noroeste de México fronterizo con Estados Unidos, ordenó el arresto de 16 personas, entre ellas un funcionario encargado de la defensa de niños en adopción, por el supuesto tráfico de al menos nueve bebés.
Las investigaciones sobre este caso se iniciaron en marzo, luego que la Policía de ese estado recibió una denuncia anónima según la cual Vladimir Arzate, subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, «tenía retenido de manera ilegal a un bebé», dijo a la AFP el fiscal de Sonora, Carlos Navarro.
Aparentemente, Arzate identificaba a mujeres que daban a luz en extrema vulnerabilidad -por pobreza o adicciones a narcóticos- para que dieran a sus recién nacidos en adopción.
Luego, con ayuda de un cómplice, ofrecía estos bebés en un «trámite express» a parejas que querían adoptar a cambio de un soborno de entre 80.000 y 150.000 pesos (unos 4.700 y 8.800 dólares al cambio), añadió Navarro.
Un médico corrupto les daba un certificado de nacimiento falso en el que figuraba el nombre de la madre adoptiva como si fuera la madre biológica, y con este documento obtenían ante el Registro Civil un acta de nacimiento legítima.
Así, la fiscalía ordenó el arresto de Arzate por posible «incumplimiento de un deber legal», así como «suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante» y «sustracción y tráfico de menores e incapaces», delitos por los que podría alcanzar una pena de más de 50 años de cárcel, indica un comunicado de la fiscalía de Sonora.
Las autoridades también buscan arrestar al cómplice directo de Arzate y a otras 14 personas que pagaron para adoptar a los bebés de forma ilegal.
Hasta ahora, las autoridades han identificado a nueve menores registrados de manera irregular, pero no excluyen que pueda haber más casos.
Algunos de estos nueve bebés se encuentran bajo el resguardo de las autoridades y el resto con sus padres adoptivos.
Por otro lado, este mismo jueves el gobernador del vecino estado de Chihuahua, César Duarte, ordenó una investigación tras recibir denuncias de abuso sexual contra dos niñas por parte de personal de limpieza y cocina en un albergue del oficial Sistema de Desarrollo Integral para el Bienestar de la Familia (DIF).
