La ONU confirmó hoy que cerca de 8.000 personas han muerto en un año y medio de conflicto separatista en el este de Ucrania y que en esta crisis sigue influyendo de forma determinante Rusia, «desde donde llegan armas sofisticadas y combatientes extranjeros».
Preocupa también, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que «Rusia continúe enviando» convoyes con supuesta carga humanitaria, «sin el consentimiento ni la inspección de Ucrania, y sin que su destino exacto y contenido puedan ser verificados».
La Unión Europea optó por dictar sanciones económicas y políticas contra Rusia por su intervención en ese conflicto.
Según los datos de la ONU, documentados por sus observadores de derechos humanos en el terreno, unas 17.800 personas han resultado heridas, además de las víctimas mortales.
El conflicto enfrenta a las fuerzas gubernamentales y milicias afines con entidades rebeldes de las regiones orientales de Donestk y Lugansk.
Ambas partes siguen protagonizando «enfrentamientos diarios» a pesar de un alto al fuego acordado el pasado febrero.
Pese a ese acuerdo, el número de víctimas se ha duplicado en los últimos tres meses analizados, entre mediados de mayo y agosto pasados, y llegaron a los 105 muertos y 308 heridos, comparados con 60 y 120, respectivamente, en los tres meses anteriores.
La ONU ha verificado que el retiro del armamento pesado al que las partes combatientes se comprometieron se ha realizado sólo parcialmente y que tanto los grupos armados como el Ejército ucraniano continúan utilizando morteros, cañones, obuses, tanques y sistemas de lanzacohetes múltiples.
La mayoría de víctimas civiles se registran en las áreas controladas por los grupos rebeldes, donde siguen viviendo unos tres millones de personas.
A este respecto, la ONU criticó que a pesar de los procedimientos virtuales creados para facilitar los permisos que autorizan el paso de áreas rebeldes a zonas bajo control oficial, «el Gobierno sigue restringiendo severamente la libertad de movimiento».
«A causa de las largas colas y puestos de control, la gente está obligada a permanecer en las áreas donde se corre el riesgo de bombardeos durante prolongados periodos», denuncia la ONU en su informe.
En otros casos, agrega, aquellos que quieren salir de esos territorios pueden buscar caminos alternativos que les exponen a la explosión de minas y otros artefactos explosivos sin detonar.
Al Gobierno ucraniano también se le cuestiona por «el patrón persistente de detenciones incomunicado», casos de torturas y malos tratos, así como la violación de los procedimientos.
En las áreas rebeldes también se han verificado que continúan diversas violaciones de los derechos humanos, con casos de asesinatos, raptos, violencia sexual, trabajo forzado y extorsiones.
Mientras esto ocurre, las cúpulas insurgentes avanzan en el establecimiento de una administración y procedimientos civiles más centralizados, que -aclara- no están conformes a las normas internacionales o nacionales de Ucrania.
