La ONU aprobó ayer una serie de principios que buscan proteger a los estados deudores del acoso de los acreedores y que, entre otras cosas, recoge el derecho de los gobiernos a protegerse de litigios de una minoría de reclamantes. La resolución fue aprobada por la Asamblea General de la ONU y está en el marco de una serie de gestiones iniciadas en las Naciones Unidas ante los problemas legales que tuvo Argentina en los tribunales de Nueva York por su deuda soberana.
Al contrario que las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que son vinculantes para los estados miembros, la resolución aprobada ayer delinea los principios básicos e “invita” a los estados miembros a respetarlos, y a la ONU a difundirlos.
Sin embargo, representa un triunfo en la batalla diplomática que Argentina y otros países (entre ellos Bolivia) han emprendido para impulsar un marco legal internacional que regule los procesos de reestructuración de deuda, ahora dependientes de los acuerdos entre los acreedores y deudores.
Se trata “de ponerle límite a los piratas del siglo XXI, que no son ni más ni menos que los ‘fondos buitres’, que a falta de una legislación global han usufructuado la pobreza de muchos países”, afirmó el canciller argentino, Héctor Timerman. Ya desde el principio, la resolución establece que dentro de las prerrogativas que tiene un estado figura la de “la reestructuración de la deuda soberana”, un derecho “que no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas”.
También sostiene que cuando una reestructuración de deuda soberana sea aprobada “por una mayoría cualificada de los acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros estados o por una minoría no representativa de acreedores, que deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores”.
PROCESOS. Ese precisamente es el problema que ha enfrentado Argentina en los tribunales de Nueva York: unos fondos de inversión se hicieron con deuda soberana que entró en cese de pagos en 2001 y que no fue reestructurada, y ahora reclaman que se les paguen esos títulos, con intereses acumulados y costes legales. Pero es difícil que, a partir de la resolución adoptada ayer, un juez estadounidense que lleve una causa parecida a la que enfrenta Argentina se rija por esos principios.
De hecho, EEUU fue uno de los seis países que votó en contra de esta resolución, que fue aprobada por 136 naciones y que contó con 41 abstenciones, incluida la de España. Por medio de un representante, EEUU reconoció que el tema podría “ser refinado”, incluyendo cláusulas especiales.
Bolivia aportó en el proceso
José Luis Columba
El embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, destacó el trabajo que realizó Bolivia para la aprobación de estos nueve principios relativos a los procesos de reestructuración de la deuda soberana. El diplomático recordó que durante la presidencia de Bolivia del grupo G77 se invitó a los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía para que expongan sus posiciones sobre esta temática.
Llorenti recordó que esta iniciativa dio paso a una resolución, en septiembre de 2014, que da el mandato para que la Asamblea General de la ONU trate este tema y conforme un comité ad hoc que empezó su trabajo en enero, instancia que también fue presidida por Bolivia. “Este comité que Bolivia presidió con el mandato de la Asamblea General después de un largo y difícil proceso de negociación acordó estos nueve principios, que hoy (ayer) fueron aprobados”, explicó.
