La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, vetó este martes artículos de una ley que autorizaban el financiamiento de campañas políticas con recursos empresariales, siguiendo el parecer de la Corte Suprema, que recientemente prohibió esta práctica.
Con elecciones municipales en el horizonte, la financiación de las campañas electorales ha elevado aún más la tensión política en Brasilia en las últimas semanas.
Recientemente la Corte Suprema de Brasil consideró que las contribuciones de empresas son inconstitucionales, porque generan una influencia indebida del poder económico en la política, y fomentan la desigualdad entre los candidatos.
Basándose en esa decisión, Rousseff vetó este martes varios artículos de una ley aprobada en las últimas semanas por el Congreso, que volvía a colocar las donaciones de empresas como una fuente legítima de financiamiento.
«La posibilidad de donaciones y contribuciones por parte de personas jurídicas a partidos políticos y campañas electorales, que serían reglamentadas por estos dispositivos, confrontaría la igualdad política y los principios republicanos y democráticos, como decidió la Corte Suprema», argumentó la Presidencia al justificar su veto.
Muchos legisladores, entre ellos el rebelde y poderoso líder de los diputados, Eduardo Cunha, sostienen que la prohibición de este tipo de financiamiento compromete seriamente las elecciones municipales de 2016, y prometen agotar todos los recursos a su alcance para revertirla.
En las elecciones presidenciales de 2014, más del 80% de las donaciones a los principales candidatos brasileños vinieron de empresas privadas, según datos de la justicia electoral recabados por el periódico O Globo.
El resto de los recursos que reciben las agrupaciones políticas proviene de personas físicas y de un fondo electoral público.
Brasil asiste actualmente a la mayor investigación judicial por corrupción en la historia del país, que develó un esquema de sobornos y sobreprecios en la estatal Petrobras, en el que las mayores constructoras desviaron recursos hacia funcionarios públicos, intermediarios y partidos políticos para asegurarse millonarios contratos con la petrolera.
El caso, conocido como «Petrolao», ha puesto bajo la lupa las cuentas de campaña de la propia presidenta Dilma Rousseff, quien niega haber recibido recursos ilegales para ganar la reelección.
