Los mayores productores de papel higiénico y servilletas en Chile se repartieron el mercado y fijaron los precios durante una década, en un nuevo caso de corrupción que ha indignado a los consumidores chilenos.
El caso compromete a las empresas CMPC Tissue y SCA Chile, que controlan el 90% del mercado del papel higiénico, denunciadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) «por sostener durante más de 10 años un cartel de reparto de mercado y fijación de precios en el negocio de productos de papel».
Según la FNE, ambas empresas -que tienen ventas anuales de unos 400 millones de dólares- «celebraron y ejecutaron acuerdos que les permitieron mantener operativo este cartel a partir del año 2000 y al menos hasta diciembre de 2011».
La operación afectó «al mercado nacional de comercialización del papel higiénico, toallas de papel, servilletas, pañuelos desechables y faciales», dijo la FNE.
«Este es uno de los mayores casos de colusión detectados en el país. Su gravedad radica tanto en su extensión en el tiempo como en la masividad del mercado que afectó y la casi nula sustitución de estos productos», añadió.
«Me parece un hecho de la máxima gravedad», reprochó este jueves la presidenta chilena Michelle Bachelet, que anunció que acelerará el trámite en el Congreso de una nueva ley que sanciona con más dureza estas prácticas.
«La colusión es una forma de abuso que perjudica a las personas, perjudica a la economía y perjudica, sobre todo, a la confianza e imagen de nuestro país», agregó la mandataria chilena.
Un cartel 3.0
Según la denuncia de la FNE ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), el cartel se inició en 2000, cuando una nueva marca entró a competir en el mercado, desatando una guerra de precios que perjudicó a las empresas dominantes, CMPC -con cerca del 75% del mercado- y SCA Chile (exPISA), controlada hoy por la sueca Svenska Cellullosa Aktiebolaget.
Para no ser descubiertas, las empresas recurrieron a los correos electrónicos genéricos (Hotmail y Gmail), comunicaciones por medio de teléfonos celulares de prepago, reuniones de sus ejecutivos en un cuartel de bomberos y trataron de destruir varias computadoras, arrojándolas a un canal de regadío, según la denuncia.
La investigación comenzó de oficio en diciembre del año pasado y tras ella ambas empresas propusieron colaborar, aportando «antecedentes que hicieron posible conocer el alcance y operativa del cartel», dijo la FNE en un comunicado.
Esta colaboración con la justicia llevó a FNE a solicitar al TDLC que eximiera del pago de una multa a CMPC -que fue la primera empresa que se autodenunció- pero impuso una sanción de 15,5 millones de dólares a SCA.
Una práctica habitual
El caso volvió a remecer al mercado chileno, considerado hasta hace poco un modelo de libre mercado, sacudido recientemente por otros sonados episodios de colusión en las farmacias y en la producción de pollos, entre otros.
«La cantidad de abusos y la malas prácticas de los empresarios chilenos está llegando a límites inaceptables», comentó a la AFP el abogado Hernán Calderón, de la Corporación de Defensa de los Consumidores (Conadecus).
Varios factores han confluido para alentar el desarrollo de estas malas prácticas empresariales en Chile: una escasa regulación y bajas sanciones asociadas al delito de colusión, para el que hoy la justicia no contempla la pena de la cárcel.
«Estas prácticas han depredado a las pequeñas empresas y a la competencia en forma insostenible. Este nuevo caso de colusión impacta directamente al bolsillo de todos los chilenos y lo peor es que no es considerado un delito», lamentó Calderón.
