La exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti, encarcelada preventivamente por corrupción, fue trasladada la noche del viernes a un hospital privado por razones médicas y en medio de protestas de manifestantes, observó un fotógrafo de la AFP.
Baldetti ingresó caminando a un centro médico en el municipio de Mixco, colindante al oeste de la capital, vestida con pantalón azul, sudadera negra y una bufanda gris, proveniente de la cárcel de mujeres Santa Teresa.
El traslado se produjo en cumplimiento de una orden de la justicia, que avaló el internamiento por fiebres y problemas estomacales.
En el ingreso al hospital un grupo de vecinos lanzaba consignas contra Baldetti, a quien acusaban de «corrupta y ladrona».
El permiso para efectuar la evaluación médica fue aprobado por el juez Miguel Angel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, a cargo de la etapa intermedia de la investigación por un fraude en las aduanas nacionales revelado en abril por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU.
Baldetti renunció al cargo en mayo en medio de protestas masivas que exigían su salida.
«Les pido que me comprendan, necesito salud», dijo a periodistas Baldetti con el semblante cansado y al mostrar el catéter cerca del brazo izquierdo colocado por otro tratamiento médico que no se especificó, y que le estaría provocando la infección.
Esta es la segunda ocasión en la que exvicepresidenta es ingresada a un hospital desde que le fue ordenada prisión preventiva en agosto. Baldetti pasó casi un mes entre septiembre y octubre en el centro médico militar, en la periferia norte capitalina.
El caso también alcanzó al entonces presidente Otto Pérez, quien renunció el pasado 2 de septiembre tras perder su inmunidad a manos del Congreso.
Pérez, por orden del juez Gálvez, también guarda prisión preventiva en una cárcel civil habilitada en el cuartel militar Matamoros, en el centro histórico de Ciudad de Guatemala.
Los exgobernantes son acusados de liderar la estructura denominada «La Línea», que se dedicaba al cobro de sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en la Superintendencia de Administración Tributaria, ente a cargo de la captación de recursos públicos.
