El empresario peruano Martín Belaunde Lossio, exasesor de campaña del presidente Ollanta Humala, solicitó hoy a una jueza que ordene el cese de su encarcelamiento preventivo mientras se le investiga por varios casos de corrupción, informó hoy el Poder Judicial en un comunicado.
Belaunde Lossio compareció en la audiencia ante la jueza Zaida Pérez, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, mediante una videoconferencia desde el establecimiento penitenciario de Piedras Gordas, en el norte de Lima, donde el empresario se encuentra recluido desde mayo.
El reo está procesado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y de peculado (apropiación indebida de caudales públicos) en agravio del Estado en el caso conocido como «La centralita», donde se le acusa de haber recibido fondos ilícitos del gobierno regional de Ancash entre 2009 y 2014.
Belaunde Lossio manifestó que la Fiscalía lo persigue «injustamente», y aseguró que ha colaborado con la Justicia y que jamás ha pagado a periodistas para apoyar al expresidente de la región Ancash César Álvarez.
El abogado del recluso, Hugo Canevaro, sostuvo que hasta ahora la Fiscalía no ha podido demostrar con pruebas y elementos de convicción los delitos que se le atribuyen a su defendido.
Canevaro citó una serie de declaraciones de testigos y periodistas que, desde su perspectiva, no incriminan a su defendido en los hechos de la investigación.
El fiscal Edwin Núñez manifestó por su parte que en la carpeta del fiscal existen elementos que afianzan y consolidan las imputaciones contra Belaunde Lossio, basadas también en declaraciones de otros testigos y colaboradores eficaces.
El representante de la Fiscalía solicitó a la magistrada tener en cuenta la conducta demostrada por Belaunde Lossio, que durante un año eludió una orden de detención hasta que fue extraditado desde Bolivia, donde había acudido para solicitar asilo político.
Belaunde Lossio fue asesor de Humala durante la aña electoral de 2006 y también se le acusa de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en gobiernos regionales, con los que obtuvo beneficios económicos personales.
