Padres de una veintena de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desparecidos en septiembre de 2014, se instalaron el jueves cerca de la presidencia mexicana exigiendo una nueva investigación sobre el destino de los jóvenes, que según la fiscalía fueron asesinados por narcotráficantes.
«Exigimos el nombramiento del fiscal para la investigación del caso Ayotzinapa, exigimos también el nombramiento y la conformación a la brevedad posible de un equipo técnico para que realice las nuevas investigaciones y nuevas rutas de búsqueda de nuestros compañeros», dijo Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes.
Padres y familiares de los estudiantes, acompañados de cientos de simpatizantes y de miembros de organizaciones sociales, se manifestaron desde el turístico Paseo de la Reforma hacia la residencia oficial Los Pinos, pero un cordón policial les impidió el acceso a unas calles de la sede presidencial.
En ese punto, donde realizaron un mitín ya al caer la noche, anunciaron que su platón será indefinido hasta que tengan respuesta directa de las autoridades y se acaten las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«íNo nos vamos a ir a casa hasta que encontremos la verdad y la justicia!» dijo Marco Flores, padre de uno de los estudiantes, al exigir que se presente con vida a los jóvenes y al acusar a militares de estar involucrados en su desaparición.
El campamento donde permanecerán una veintena de padres o madres de jóvenes desaparecidos fue instalado cerca de la residencia oficial Los Pinos con una carpa blanca con el mensaje «Nos faltan 43!» rotulado en blanco y negro en varias partes.
La noche del 26 de septiembre, 43 estudiantes de la escuela normal de maestros de de Ayortzinaba, en el estado de Guerrero (sur), desaparecieron luego de que se apoderaron de unos para sus movilizaciones políticas pero fueron detenidos por policías locales, quienes los habrían entregado a narcotraficantes, según la versión oficial.
Los jóvenes, según la investigación de la fiscalía general, habrían sido asesinados por narcotraficantes y luego incinerados y sus restos arrojados a un río.
Pero el GIEI, luego de una investigación de seis meses, desestimó esta versión y recomendó al gobierno mexicano abrir nuevas líneas de investigación.
