El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, afirmó este jueves (3 de diciembre) que la presidenta Dilma Rousseff le «mintió a la Nación» cuando negó que haya habido negociaciones para evitar un juicio político con vistas a su destitución.
Cunha, quien la víspera autorizó el inicio del juicio a Rousseff, aseguró que emisarios del Gobierno buscaban un acuerdo mediante el cual ellos le apoyaban en las investigaciones sobre sus supuestas implicaciones en las corruptelas detectadas en Petrobras, a cambio de que él no aceptara que la presidenta fuera juzgada.
La negociación propuesta, según Cunha, también implicaba la aprobación parlamentaria de un nuevo impuesto que el Gobierno pretende crear para aumentar su recaudación fiscal y enfrentar la aguda crisis económica del país.
Sin embargo, el jefe de los Diputados aseguró hoy que se negó a aceptar ese trato.
«La presidenta dijo anoche que no participaba en negociaciones de ese tipo», pero «le mintió a la Nación y eso es grave», dijo Cunha, quien insistió en que su decisión sobre al juicio contra Rousseff fue «absolutamente constitucional» y apoyada en «hechos» ante los cuales el Gobierno tendrá el más amplio «derecho a la defensa».
Cunha también subrayó que, a partir de ahora, no tendrá ninguna participación en el proceso que se inicia contra la mandataria, ya que su papel como presidente de la Cámara de Diputados era solamente aceptar a trámite o no un pedido formulado en ese sentido por un grupo de juristas y cuatro partidos opositores.
«Recibir la denuncia es la única atribución constitucional del presidente de la Cámara y ahora un colegiado decidirá sobre lo que ocurrirá o no», indicó Cunha en referencia a una comisión especial del Congreso que analizará las denuncias contra la mandataria.
El jefe de los Diputados insistió en que la acusación se basa en «violaciones de las leyes de presupuestos», aunque dijo que también se mencionan asuntos de corrupción relacionados con los escándalos en la empresa estatal Petrobras.
«Ahora le cabe a la presidenta hacer su propia defensa y será el Congreso el que decida qué pasará», indicó.
Una vez que Cunha aceptó el pedido de juicio político, la decisión deberá ser analizada por una comisión parlamentaria, que será creada para estudiar el mérito de las acusaciones.
Si respalda la apertura del proceso, esa comisión establecerá un plazo para la defensa de Rousseff y luego elaborará un informe, que deberá ser votado por el pleno de los Diputados.
En caso de que el proceso avance en esa instancia, Rousseff se deberá separar del cargo durante 180 días, plazo que tendrá el Senado para realizar el propio juicio.
