La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, subió hoy el tono y comparó el juicio con fines de destitución que puede ser iniciado en su contra con un «golpe», mientras el Congreso continuaba los trámites para decidir si finalmente será procesada.
«Por la salud de la democracia tenemos que defenderla contra el golpe», aseguró la jefe de Estado en la ceremonia de clausura de la XV Conferencia Nacional de Salud.
Su rechazo al «golpe» fue larga y fuertemente aplaudido por una platea compuesta por cientos de trabajadores y usuarios del sistema de salud pública, que respondieron al grito de «No habrá golpe», que los grupos que defienden a la mandataria han convertido en lema.
«Esta Conferencia va a entrar en la historia porque abordó tanto la salud de los brasileños como la de la democracia. Estamos juntos en esta lucha y hasta 2018 seré incansable en la tarea de construir una salud de calidad», agregó al afirmar que permanecerá en el cargo hasta el último año de su mandato.
Rousseff puede ser sometida a un proceso con vistas a la pérdida de su mandato debido a unas irregularidades en los balances de su Gobierno que fueron registrados en 2014 y que, según organismos de contraloría del Estado, se han mantenido durante este año.
Según la oposición, esas maniobras fiscales suponen un «delito de responsabilidad», que de acuerdo a la Constitución es una de las causas que pueden llevar a la destitución de un jefe de Estado.
Sin embargo, Rousseff insistió en que la acusación «no tiene fundamentos» y aseguró que empleará todos los instrumentos previstos en el estado democrático de derecho para defenderse ante el Congreso y la Justicia.
No obstante, el oficialismo perdió las primeras batallas en el ámbito de la justicia, pues la Corte Suprema rechazó dos demandas introducidas por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que pedían la nulidad de la decisión que autorizó el inicio del trámite para el juicio político.
En el Parlamento, los partidos políticos comenzaron a discutir el nombramiento de los diputados que integrarán la comisión especial que a partir del próximo lunes determinará si existen causas de tipo jurídico para procesar a Rousseff.
La comisión estará integrada por 65 diputados de 23 formaciones y el oficialismo tendrá el mayor número de miembros, pues posee los grupos con mayor representatividad parlamentaria.
El PT, al que pertenece Rousseff, contará con ocho miembros, el mismo número que corresponderá al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMBD), que, pese a ser liderado por el vicepresidente, Michel Temer, tiene fuertes disidencias internas y algunos diputados que mantienen una línea francamente opositora.
Una de esas tendencias que propugna una ruptura con el Gobierno y que incluso defiende la destitución de la mandataria es encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien en esa condición le dio luz verde al proceso contra la mandataria.
La legitimidad de Cunha para poner en marcha los trámites ha sido contestada por el oficialismo, debido a que él mismo es objeto de un proceso legislativo con miras a la pérdida de su escaño apoyado en su supuesta participación en la red de corrupción que operaba en la estatal Petrobras.
La comisión que analizará la responsabilidad de Rousseff será instalada el próximo lunes, a partir de cuando se abrirá un plazo de diez sesiones, todavía no definidas en términos de días, durante el cual la mandataria deberá presentar su defensa.
El trámite pasará por varias instancias parlamentarias durante varios meses y, en caso de que siga adelante, deberá concluir con un juicio político en el Senado, que de iniciarse obligará a Rousseff a separarse del cargo durante 180 días.
Durante ese período sería reemplazada por el vicepresidente Temer, quien sería confirmado en la Presidencia si el Senado votase en favor de su destitución.
Desde que fue autorizado el inicio del proceso contra Rousseff, Temer no ha hecho declaraciones públicas, lo cual, según fuentes del entorno político oficialista, ha generado cierta desconfianza en el Gobierno.
