El movimiento guerrillero en Paraguay sufrió un duro golpe con la desarticulación de uno de los dos grupos armados que operan en el país, aunque el Gobierno sigue sin doblegar al Ejército del Pueblo Paraguayo, que tiene secuestrados a un policía y a un colono menonita.
El grupo desarticulado es la Agrupación Campesina Armada (ACA), una guerrilla que estaba formada por jóvenes que no superaban la veintena, y en algunos casos por menores de edad, y que en noviembre perdió a sus tres dirigentes principales en una acción de las fuerzas de seguridad del Gobierno.
Fue en una zona boscosa de la colonia Sapukai, en el norteño departamento de Concepción, donde las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), el contingente de militares y policías encargado del combate a la guerrilla, mataron a Alfredo Jara Larrea (25 años), presunto líder de la ACA y uno de sus fundadores.
Junto a él murieron Mariano López (21), supuesto subcomandante de la organización, Antonio Ovelar González (18), tercero en la línea de jefatura del grupo, y una tercera persona con el grado de «fusilero», equivalente a soldado raso en un ejército convencional.
Con esas muertes quedaba «descabezado» el grupo, según el ministro del Interior, Francisco de Vargas, quien además afirmó que se trató de la operación «más importante jamás hecha contra el terrorismo» en Paraguay.
Atrás quedaba un reguero de extorsiones a ganaderos y estancieros del norte del país, el área de influencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y de la ACA, pero fundamentalmente una serie de capítulos violentos en los que fue diezmado este último grupo.
Desde la aparición de la ACA, en septiembre de 2014, un total de 13 de sus miembros murieron en enfrentamientos o en operativos de las fuerzas de seguridad contra este grupo, especializado en la extorsión a ganaderos y grandes propietarios agrícolas, y fundado por los hermanos Alfredo y Albino Jara.
Precisamente, Albino Jara, alias «comandante Milcíades León», fue el primer dirigente de la ACA a quien mataron las fuerzas de seguridad.
Ocurrió a primeros de este año, en un operativo en el departamento de Concepción, y en el que también perdió la vida Rosalba Moraez, una supuesta guerrillera de quince años.
A esas muertes siguieron las de otros «fusileros» de la ACA, hasta que a finales de abril fue abatido el presunto número dos, Rudi Sosa.
La detención el pasado octubre de una joven de 15, que supuestamente era pareja sentimental de Alfredo Jara, cerró el círculo sobre este, hasta su muerte en noviembre junto a dos de sus lugartenientes.
Sin embargo ese desenlace no clarifica el verdadero origen de la ACA, que en un principio el Gobierno consignó como una escisión del EPP, en el cual estaban integrados los hermanos Jara.
Según las informaciones de entonces, la escisión se había producido debido a la falta de disciplina de ambos, quienes entonces optaron por formar su propio grupo guerrillero.
Meses después, la versión oficial dio un giro cuando las autoridades presentaron a la ACA como una rama del EPP dedicada a reclutar nuevos miembros y recaudar fondos a través de actividades de extorsión.
«La ACA es un elemento operativo del EPP, que es el grupo pensante. Hablamos de la creación de una banda del EPP, el grupo ACA, gente más joven, más impetuosa, menos pensante y menos entrenada», dijo a Efe el capitán Luis Vera, portavoz de las FTC.
Según esa tesis, y de acuerdo con la fuente, el EPP, fundado en 2008 bajo postulados marxistas-leninistas y de liberación campesina, se habría quedado sin su principal arma de captación de miembros.
«El EPP va a tener el problema del reclutamiento tras la caída violenta de este grupo», señaló Vera, quien añadió que el EPP estaría constituido en estos momentos por entre 15 y 20 personas.
Pese a esa supuesta pérdida de operatividad, el EPP sigue manteniendo todo un pulso con el Estado por medio de las dos personas que tiene secuestradas, una de ellas, el suboficial de policía Edelio Morínigo, en poder de la guerrilla desde hace más de un año.
La otra es el colono menonita Abraham Fehr, secuestrado hace más de dos meses y por cuya liberación el EPP pide el pago de medio millón de dólares.
