El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió ayer que las previsiones de la economía latinoamericana para 2016 serán “probablemente revisadas a la baja”, por la crisis política en Brasil.
El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, aseguró que “las últimas proyecciones para la región presentaban un crecimiento negativo en 2015 y que iba a haber cierta recuperación en 2016”, pero que ahora la crisis brasileña puede “postergar” el repunte de la economía regional.
Brasil es el principal responsable, pero Werner defiende que también influye que “cuatro países estén en contracción o crecimientos muy bajos”, entre los que citó a Venezuela (-10%), Brasil (-3%) y Argentina y Ecuador, con una expansión “alrededor de cero”.
En Brasil, el “freno” al plan económico lanzado por el Gobierno a comienzos de año por “la crisis política y los escándalos de corrupción ha elevado la incertidumbre y ha generado un círculo vicioso hacia una economía más débil”, afirmó Werner, que se mostró preocupado por la “situación muy compleja” de la mayor economía de la región.
Sobre Argentina afirmó que afronta “desequilibrios macroeconómicos grandes” que deberán ser encarados por el nuevo gobierno del presidente Mauricio Macri. Asimismo, recalcó que la recuperación de otras economías que se habían desacelerado, como Perú, Paraguay, Uruguay, Colombia o Chile, será “en muchos casos, más débil de lo anticipado”.
La crisis política de Brasil, en buena parte detonante de ésta, según el FMI, mala situación económica, podría agravarse esta semana, pues varios grupos a favor de la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, convocaron hoy a manifestaciones en todo el país para pedir la salida de la Mandataria, que tiene la popularidad bajo mínimos desde el inicio del proceso de moción de censura en el Parlamento.
Los movimientos sociales convocantes, como Vem Pra Rua, Brasil Livre o Revoltados On Line, calculan que en un momento de recesión, pérdidas de empleo, inflación en aumento y de escándalos de corrupción, la opinión pública terminará presionando a los legisladores a pronunciarse contra la Mandataria. Rousseff, por su lado, asegura que el proceso de destitución es improcedente y dice ser víctima de “un golpe”.
