La «tormenta perfecta» que se cierne sobre la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, amenazada por un posible juicio político con miras a su destitución, ha volatilizado la confianza en la mandataria de la patronal más influyente del país, que ha decidido apoyar abiertamente el proceso en su contra.
La Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), el mayor y más influyente gremio empresarial de Brasil, anunció este lunes (15 de diciembre) con el Centro de Industrias del Estado de Sao Paulo (CIESP), su apoyo explícito al juicio que podría despojar a Rousseff de su cargo y lanzó así al sector privado a la lucha puramente política.
«El país está a la deriva y no hay actitudes para solucionar los problemas», alegó el presidente de ambas instituciones, Paulo Skaf, quien pertenece del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), liderado por el vicepresidente Michel Temer, que a su vez se ha distanciado en las últimas semanas de la presidenta Rousseff.
El economista jefe de la firma financiera Gradual Investimentos, André Perfeito, explicó a Efe que la decisión de la FIESP ha hecho aún más evidente la brecha entre Rousseff y la clase empresarial de Brasil.
«Tanto el mercado como los empresarios están muy descontentos con la presidenta porque no reconocen en ella a alguien con capacidad de organizar un proyecto económico», señaló Perfeito.
Para el analista, los empresarios han hecho una «apuesta política» a favor de Temer, el primero en la línea de sucesión en caso de que Rousseff sea destituida.
Según Perfeito, el mercado «cree que las políticas no serán tan recesivas con Temer y que éste impedirá un aumento de impuestos», una medida propuesta por Rousseff y contra la cual se posicionó la FIESP al entender que agravará la contracción económica de Brasil.
El incremento de tributos forma parte de un polémico ajuste fiscal impulsado por Rousseff para intentar enderezar las maltrechas cuentas públicas y su aprobación es una de las condiciones para evitar que las agencias de riesgo sigan rebajando la nota del país, lo que acarrearía la pérdida del grado de inversión.
Brasil está en recesión técnica y, de acuerdo con los últimos pronósticos de los analistas privados, su Producto Interior Bruto (PIB) se contraerá un 3,62% en 2015 a consecuencia de una grave crisis económica que se prolongará el año próximo, para cuando se espera que la economía se encoja otro 2%.
«Ni los empresarios ni el mercado confían más en el Partido de los Trabajadores (PT, de Rousseff). Ese es el problema», sostuvo Perfeito antes de agregar que «quizá, si asume el cargo Temer, empieza a mejorar el clima y no es necesario llevar a cabo un ajuste fiscal tan fuerte».
El economista de la corredora de bolsa Leme Investimentos, João Pedro Brugger, opinó en diálogo con Efe que el apoyo de la FIESP al juicio contra la presidenta «tiene un sesgo más económico que político» y se basa en «la fuerte retracción y la política industrial poco clara del Gobierno».
Por eso, según Brugger, los empresarios respaldan la destitución de Rousseff para conseguir un cambio relevante a largo plazo, a pesar de que ello signifique dilatar la aprobación de las medidas de ajuste fiscal, cuya discusión en el Congreso ha sido eclipsada por la apertura de los trámites de cara al posible juicio político.
«La situación está tan mal que el mercado lo considera un precio que vale la pena pagar», aseveró.
El proceso contra Rousseff fue autorizado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y se fundamenta en unas irregularidades fiscales que el Gobierno llevó a cabo para maquillar sus cuentas.
Esas maniobras han sido consideradas por la oposición como un «delito de responsabilidad», una de las causas que la Constitución contempla para destituir a un mandatario.
