El fallo del Tribunal Supremo de Panamá que ordena la detención provisional de Ricardo Martinelli dio inicio este martes (22 de diciembre) al proceso para la búsqueda y captura del expresidente por un caso de escuchas ilegales a más de 150 personas durante su Gobierno (2009-2014).
El pleno del Supremo autorizó ayer al magistrado juez de garantías del caso, Jerónimo Mejía, a ejecutar la orden de detención de Martinelli, un proceso para el que la ley panameña no establece un plazo y que puede ser largo y «difícil», dijo hoy a Efe el abogado Ernesto Cedeño.
El letrado precisó que Mejía debe ahora decidir cuál mecanismo activará para pedir la detención del exmandatario y actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), quien dice ser un «perseguido político» de su antiguo vicepresidente y ahora gobernante de Panamá, Juan Carlos Varela.
Mejía tiene a su disposición un Tratado de Asistencia Legal Mutua firmado con Estados Unidos, donde está Martinelli según sus abogados, y también un Tratado de Extradición, y ambos implican «mucha documentación» e involucran al Ejecutivo panameño.
Cedeño precisó que si el juez de garantías se decanta por el Tratado de Asistencia Legal Mutua deberá presentar la documentación ante el Ministerio del Gobierno panameño, que deberá definir si el pedido procede para luego enviarlo a Estados Unidos.
Si Mejía opta por la «vía de tratados internacionales deberá llevar la documentación a la Cancillería de Panamá, que tiene que analizar si procede o no procede el pedido de extradición para después llevarlo a su homólogo de Estados Unido, que también deberá validar o no» la solicitud, señaló Cedeño.
Pero además Martinelli «tiene los derechos correspondientes para objetar esa extradición, porque toda persona tiene derecho a oponerse. Si él se quiere oponer lo tendrá que hacer ante las autoridades de Estados Unidos», recalcó.
«Preparar la documentación que hay que llevar al Ejecutivo para que haga el pedido a Estados Unidos demora, toma su tiempo. Yo diría que posiblemente lo podamos ver a fin de este año o los primeros días del próximo», opinó el doctor en Derecho.
Por su parte el fiscal acusador, Harry Díaz, quien pide hasta 21 años de cárcel para Martinelli, recomendó hoy al expresidente comparecer ante la Justicia y evitar la «vergüenza» de ser «perseguido» y «detenido».
Díaz recalcó en una entrevista con la televisión local TVN que la ley panameña no establece un plazo perentorio para que Mejía ejecute la orden de detención de Martinelli, un proceso que, dijo, involucra pedir a la Interpol la difusión roja, es decir, búsqueda y captura del expresidente.
Para hacer la solicitud a la Interpol se deberá recopilar una serie de documentos, expedientes y también el fallo del pleno, aseveró Díaz.
El magistrado fiscal sostuvo además que al ex jefe del Estado panameño «se le han respetado todos los derechos habidos y por haber», lo que la defensa de Martinelli niega.
El equipo defensor del exgobernante insiste en que el proceso judicial por el caso de las escuchas está plagado de errores, como que se haya acusado a Martinelli sin antes haberse celebrado una audiencia de imputación de cargos.
Martinelli salió de Panamá el pasado 28 de enero, cuando el Supremo abrió la primera causa penal en su contra por un caso de compra de alimentos con supuestos sobrecostes a través del gubernamental Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Hasta ahora el Supremo ha abierto un total de seis causas penales a Martinelli por diversos casos de corrupción, muchas de las cuales ya tienen en prisión con o con medidas cautelares a una decena de exministros y ex altos funcionarios de su Gobierno.
