La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, celebró hoy la promulgación de la ley corta de gratuidad en la educación universitaria que se empezará a implementar a partir de 2016.
«Ayer, como país, dimos un paso importante en el camino de la gratuidad en la educación superior, un paso que hace tres años era impensable y parecía imposible de realizar», dijo la mandataria.
Bachelet manifestó su agradecimiento a todos los parlamentarios que apoyaron el proyecto del Gobierno y «se la jugaron por las familias», pues gracias a ellos «miles de jóvenes podrán estudiar gratis» en 2016.
La promulgación de la nueva norma «no fue fácil», según Bachelet, quien señaló que «ha prevalecido la sensatez y este 27 de diciembre, cuando los chiquillos tengan que postular, (…) van a poder acceder a la gratuidad las y los jóvenes pertenecientes al 50 % más vulnerable y que estudien en instituciones que cumplan condiciones de calidad y que no tengan lucro».
La gratuidad en la educación superior universitaria fue una de las principales demandas de los estudiantes que, desde 2011 se lanzaron a las calles para reclamar su derecho a estudiar sin estar condicionados por su capacidad económica.
Los reclamos de los jóvenes fueron incluidos en el programa electoral del segundo mandato de Bachelet, en el que la gratuidad en la educación superior era una de sus promesas estrella.
En su programa inicial, el Gobierno estableció que el 70 % de los estudiantes más vulnerables podría acceder de forma gratuita a la universidad, sin embargo, tras la brusca desaceleración económica que golpeó al país austral este año, el Gobierno recortó la cuota de forma considerable.
Desde el pasado 21 de mayo, el Ejecutivo modificó en más de cinco ocasiones las propuestas de gratuidad, lo que desconcertó a la comunidad universitaria y empujó a los estudiantes a marchar de nuevo por las calles de las principales ciudades del país.
La norma actual beneficiará a unos 200.000 estudiantes que ingresen o estén cursando alguna carrera universitaria en las casas de estudios que cumplan los requisitos estipulados por la enmienda que compete a la Ley de Educación Superior.
La ley sufrió un duro traspié el pasado 10 de diciembre cuando el Tribunal Consitucional se pronunció en contra de la norma tras considerar que era «discriminatoria».
El Gobierno decidió cambiar el número de beneficiarios, que finalmente abarca a todas las universidades estatales y también las privadas sin fines lucrativos y con una acreditación mínima de cuatro años.
La Mandataria hizo estas declaraciones al asistir a la ceremonia de colocación de la primera piedra de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), ubicado en el centro de Santiago.
