Por primera vez la hermana del rey de España Cristina de Borbón se sentó este lunes (11 de enero) en el banquillo, sin saber por cuanto tiempo. Imputada por fraude en un escándalo de corrupción, aun podría salvarse del juicio ya que la fiscalía solicitó que no sea procesada.
En una sala presidida por el retrato de su hermano menor, Felipe VI, jefe de Estado desde la abdicación de su padre en junio de 2014, la infanta Cristina, de 50 años, escuchó muy seria las intervenciones de los abogados junto a los otros 17 acusados.
La segunda hija de Juan Carlos I está acusada de dos delitos fiscales en relación con la presunta malversación de 6 millones de euros (6,5 millones de dólares) por su marido, Iñaki Urdangarin, y un exsocio de éste, Diego Torres.
Urdangarin y Torres son sospechosos de prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo. El fiscal pide para ellos 19,5 años y 16,5 años de cárcel respectivamente.
La infanta siempre ha defendido desconocer los negocios de Urdangarin y haber confiado ciegamente en su marido, del que se negó a divorciarse pese a la presión de una Casa Real determinada a limitar los daños en la ya maltrecha imagen de la monarquía.
«¡Los Borbones, a los tiburones!», «íEspaña, mañana, será republicana!», gritaban dos manifestantes a la puerta del tribunal.
La hermana del rey enfrenta una petición de pena de 8 años pero únicamente por parte de una acusación popular -la asociación ultraderechista Manos Limpias-, dado que ni la fiscalía ni la Hacienda pública actuaron contra ella.
Ahí radica su esperanza de escapar al juicio.
Una hora después de la apertura del proceso, su defensa argumentó que la infanta no puede ser juzgada si únicamente la acusa la acción popular.
«Porque lo apoya una doctrina consolidada del Tribunal Supremo, ratificada por el Tribunal Constitucional (…) respetuosamente solicitamos (…) la nulidad del auto de apertura de juicio oral en lo relativo a la responsabilidad de doña Cristina de Borbón», afirmó Jesús María Silva, uno de sus abogados.
Después, tanto el fiscal como la abogada de la Hacienda pública se manifestaron en el mismo sentido, mientras la representante de Manos Limpias defendía que la acusación popular es un derecho recogido por la Constitución.
«Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y por lo tanto no pueden ser de aplicación doctrinas anacrónicas» que equivaldrían a «un privilegio», había declarado previamente a los periodistas esta abogada, Virginia López Negrete.
‘La Casa Real era informada’
Vestida con pantalón, chaqueta negra y fular rojo y blanco, la hermana del rey había llegado al tribunal en un coche gris oscuro acompañada por su esposo, exmedallista olímpico de balonmano de 47 años. La pareja vive desde 2013 en un exilio dorado en Ginebra junto a sus cuatro hijos, de entre 10 y 16 años. Ambos con semblante serio, entraron sin detenerse ante las decenas de periodistas de todo el mundo que les esperaban.
«Este es un caso de corrupción más de los muchos que estamos viendo», decía a la AFP Francisco Solana, desempleado de 45 años. Manifestaba con una bandera republicana sobre los hombros, ilustrando la indignación de millones de españoles ante la multiplicación de escándalos de corrupción en los últimos años mientras ellos sufrían las dramáticas consecuencias de la crisis económica.
Urdangarin y Torres están acusados de inflar contratos firmados entre 2004 y 2006 por una entidad sin ánimo de lucro que dirigían, el Instituto Nóos, con los gobiernos regionales de Baleares y Valencia.
Después, esos beneficios fueron supuestamente desviados a empresas pantallas encabezadas por Aizoon, propiedad de Cristina y su esposo.
Durante la instrucción, Urdangarin se esforzó por desvincular a la infanta Cristina, al entonces rey Juan Carlos y a la Casa Real de todos sus negocios.
Sin embargo, Torres siempre defendió que Juan Carlos I estaba al corriente de la actividad de Nóos.
«La Casa Real era informada, lo conocía, lo supervisaba y en ocasiones hasta colaboraba», volvió a afirmar el domingo en una entrevista televisiva.
«Todo esto es un trago de gusto malo para la monarquía y yo imagino que está Felipe VI muy contrariado», decía a la AFP José Apezarena, biógrafo del monarca.
