El proceso de extradición a Estados Unidos del poderoso narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán podría tardar al menos un año, informaron funcionarios mexicanos, mientras el capo permanece recluido en la misma cárcel de la que se fugó en julio.
“Por lo menos un estimado que yo podría dar puede ser de un año en adelante”, dijo ayer a radio Fórmula José Manuel Merino Madrid, director de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (Fiscalía). El funcionario dijo que algunos procesos de extradición incluso han tardado entre cuatro y seis años.
El trámite comenzó formalmente el domingo cuando agentes de Interpol México acudieron al penal El Altiplano para ejecutar formalmente dos órdenes de captura en contra de Guzmán, acusado de narcotráfico en media docena de distritos de EEUU.
De acuerdo con Merino Madrid, uno de los requerimientos proviene de una corte federal del sur de California, por asociación delictuosa y narcotráfico, así como otra de Texas por los mismos cargos, además de homicidio.
Reforzamiento. El capo recapturado el viernes en su estado natal Sinaloa fue devuelto al penal El Altiplano, ubicado a 90 km de la capital mexicana, del que huyó el 11 de julio en una espectacular fuga a través de un túnel de 1,5 km, que él mismo mandó construir hacia el exterior de esta cárcel de máxima seguridad.
Fuentes del Gobierno defendieron la decisión de enviarlo nuevamente al mismo penal señalando que el piso fue reforzado con varillas de acero que se cruzan cada 10 centímetros.
Una fuente federal indicó que “se han reforzado las medidas de seguridad” y precisó que “se hace todo lo necesario para evitar una nueva fuga” del huidizo Guzmán.
El presidente Enrique Peña Nieto se había negado a extraditar a Guzmán antes de la última evasión, pero su gobierno cambió de parecer tras su recaptura.
Corresponde a la Fiscalía presentar las pruebas para avalar la extradición y una vez que los jueces a cargo del proceso emitan su “opinión jurídica”, le corresponderá a la Cancillería emitir el acuerdo final para la entrega a la Justicia estadounidense, explicó la Fiscalía.
Otras entrevistas polémicas
La entrevista que El Chapo concedió a Sean Penn y Kate del Castillo es solo un ejemplo de otros casos similares que levantaron polvareda.
En Bolivia, a fines de los 80, el periodista Carlos Palenque Avilés entrevistó al “rey de la cocaína” Roberto Suárez. Dicha conversación fue el detonante para el cierre temporal de Radio Televisión Popular.
Otro caso emblemático es el de Virginia Vallejo. La periodista, quien también fue modelo, era amante del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Es más, gracias a esta cercanía escribió el libro Amando a Pablo, odiando a Escobar, que es una de las biografías más exactas del fallecido.
Otro periodista que hizo una entrevista polémica fue John Miller. El estadounidense entrevistó a Osama bin Laden, tres años antes del ataque a las Torres Gemelas de 2001.
El actor Sean Penn, según BBC, afirmó que no tiene nada que esconder sobre la entrevista. Y el padre de Del Castillo dijo que su hija está “tranquila”.
¿Se debe entrevistar a un prófugo?
Por Javier Darío Restrepo
Dentro de las tareas específicas del periodista está la de dar a conocer la realidad, de la manera más completa posible y lo que piensa un prófugo de la ley, sus motivaciones y su personalidad hacen parte de esa realidad que la ciudadanía tiene derecho a conocer para entender el fenómeno y para juzgar las políticas y mecanismos de seguridad.
Otra cosa es que por incompetencia o por irresponsabilidad del periodista una entrevista con delincuentes se convierta en apología del delito. En ese caso es claro que lo condenable no es el hecho de la entrevista, sino la incompetencia del entrevistador y de su editor.
El hecho también puede mirarse desde el punto de vista de los derechos del delincuente, que no desaparecen por razón de su delito. En algunos casos el mandato judicial restringe algunos de esos derechos, el desempeño de cargos públicos, o la pérdida de la patria potestad, o la limitación de sus derechos políticos, pero ninguna de estas sanciones restringe su derecho a la expresión.
El ciudadano común y a veces las mismas autoridades entienden el acceso del periodista a delincuentes o subversivos como una forma de complicidad con ellos, ya que, infieren, el periodista conoce su ubicación y accede hasta ellos. La realidad es otra: el delincuente o subversivo que quiere informar a través de la prensa busca al periodista. No es éste quien los encuentra, sino ellos quienes aparecen ante el periodista, y es él quien debe decidir qué se publica, no el delincuente. (Extracto del consultorio ético).
(*) Javier Darío Restrepo es consultor ético de la FNPI.
