El presidente de Francia, François Hollande, defendió este lunes (18 de enero) que la coyuntura económica y la persistencia del paro reclaman el decreto de un estado de emergencia «económica y social» que impulse la creación de empleo y la competitividad de las empresas.
El mandatario, que ha supeditado su candidatura a la reelección en 2017 a la inversión de la curva del paro, centra la acción del Ejecutivo en esa materia con un plan de más de 2.000 millones de euros para el que busca el respaldo de la comunidad empresarial y de los actores sociales.
En un discurso solemne ante el Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESE), hizo hoy una referencia directa al estado de excepción decretado tras los atentados de mediados de noviembre en París, y destacó que «la única cuestión que importa más allá de la seguridad de los franceses es el trabajo».
«Frente al desorden en el mundo, frente a una coyuntura económica incierta y a un desempleo persistente, hay también un estado de emergencia económico y social que debe proclamarse», apuntó en un reconocimiento explícito de que el crecimiento aún es demasiado débil como para rebajar el paro.
Con más de 600.000 parados más que cuando tomó las riendas del Elíseo en 2012, su propuesta, avanzada en parte en su tradicional discurso de Nochevieja, tiene en la formación y en las primas a los nuevos contratos algunos de sus ejes.
La mitad del dinero, conseguido con medidas de ahorro y no a través de un aumento de impuestos, irá destinado a financiar un plan de formación adicional para 500.000 parados, el doble que en 2015, especialmente en sectores como el digital y la transición energética.
Hollande también ha prometido una bonificación anual de 2.000 euros durante dos años a toda empresa de menos de 250 trabajadores que contrate a un parado de forma temporal o indefinida, siempre que su sueldo sea igual ó 1,3 veces superior al salario mínimo, que en Francia ronda los 1.450 euros al mes.
El presidente francés recupera también la fijación de topes en la indemnización por despido improcedente, lanzada el pasado junio pero censurada después por el Consejo Constitucional porque en ese momento la compensación no era igual para todos, sino mayor para los trabajadores de las grandes empresas.
El plan, lanzado en su último año completo de mandato, por lo que ha sido bautizado en medios como «Le Monde» como el de «la última oportunidad», pretende favorecer tanto a las empresas como a los trabajadores.
Para estos últimos va dirigida la propuesta de aumentar hasta 50.000 los beneficiarios, frente a los 8.000 actuales, de los contratos de profesionalización, en el que se alterna trabajo y formación.
«Entre el liberalismo sin conciencia y el inmovilismo sin futuro hay una vía», dijo Hollande, que explicó que desarrollar también el trabajo por cuenta propia «no cuestiona el trabajo asalariado», y advirtió de que «el Estado por sí mismo no puede triunfar».
En ese sentido dijo incluso estar dispuesto a modificar la ley, en caso de que sea necesario, para ampliar la competencia de las regiones al respecto.
Hollande, que ha prometido no tocar la semana laboral de 35 horas, defiende modificar el modelo económico y social en favor de un crecimiento económico «más robusto» y una creación de empleos «más abundante».
También apuesta por el diálogo social para su puesta en marcha, pero las críticas le han llegado tanto de los sindicatos como de la oposición.
«Propone continuar con lo que no funciona», ha lamentado el secretario general del sindicato CGT, Philippe Martínez, mientras que en el partido conservador «Los Republicanos», principal formación opositora, se ha visto como «un insulto para los parados», según uno de sus diputados.
