Los negociadores de las FARC en los diálogos de paz de La Habana propusieron este jueves (21 de enero) la creación de un nuevo tipo penal destinado a sancionar el paramilitarismo, «flagelo» que para el grupo rebelde significa el principal obstáculo en el camino hacia el cese definitivo del conflicto en Colombia.
La insurgencia anunció en un comunicado leído por el jefe guerrillero «Pablo Catatumbo» (alias de Jorge Torres Victoria) que iniciarán un «debate profundo» con el Gobierno colombiano en la mesa de conversaciones, sobre la «urgente necesidad» de superar el «azote del paramilitarismo».
Los guerrilleros aseguraron que «difícilmente» podrían completar el paso de organización armada a movimiento político legal sin «tener garantías ciertas» del desmantelamiento de este fenómeno.
En el texto, las FARC denunciaron además la multiplicación de la actividad de grupos paramilitares en el territorio colombiano e insistieron en que este fenómeno ha sido «una política de Estado», que no se limita al uso de las armas.
«La solución efectiva de este flagelo requiere contemplar sus manifestaciones militares, económicas, políticas y la corrupción generalizada que es su caldo de cultivo», precisaron los guerrilleros.
El fin definitivo del paramilitarismo, según las FARC, requiere de «voluntad política» y «múltiples ajustes en la institucionalidad» para impedir que el Estado sea «instigador, cómplice o aliado de organizaciones criminales supuestamente contrainsurgentes».
«En este sentido proponemos crear un nuevo tipo penal destinado a sancionar la promoción, organización, financiación o empleo oficial o privado de estructuras o prácticas paramilitares», insistió «Pablo Catatumbo».
Los negociadores de la guerrilla recomendaron también la creación de una «Comisión Nacional por el Desmantelamiento del Paramilitarismo y contra la impunidad en Colombia», que funcionaría como un órgano independiente aunque tendría participación del Gobierno, de organización de víctimas del conflicto y de las FARC «en tránsito a movimiento político sin armas».
El pasado martes el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) solicitaron a la ONU la creación de una misión de observadores internacionales para verificar el alto el fuego definitivo y la dejación de armas, un paso importante en la última etapa del proceso de paz con sede en La Habana desde 2012.
El anuncio de este nuevo acuerdo se realizó pocos días después de haber retomado las negociaciones tras el receso navideño y después del trascendental pacto sobre la reparación de más de seis millones de víctimas y los mecanismos de justicia transicional, logrado el pasado 15 de diciembre.
