El proyecto de reforma de la Constitución francesa, propuesto tras los atentados del 13-N, incluirá la pérdida de la nacionalidad para ciertos crímenes graves, pero no tendrá «ninguna referencia a la doble nacionalidad» de forma explícita, tema de polémica en el país.
La reforma se acompañará de la ratificación de una convención internacional que prohíbe crear apátridas, según los planes del gobierno.
«No figurará en el texto ninguna referencia a la doble nacionalidad», afirmó el miércoles el primer ministro, Manuel Valls, al presentar el proyecto de revisión constitucional a la comisión de leyes de la Asamblea Nacional (Cámara Baja).
El primer ministro anunció al mismo tiempo que Francia va a ratificar la Convención de las Naciones Unidas de 1961, que prohíbe la creación de apátridas.
Se trata de no «estigmatizar» a los franceses que tienen doble nacionalidad, dijo. Pero la reforma, sin mencionarlo explícitamente, abre en realidad la puerta a perder una de ellas.
El tema es objeto desde hace varias semanas de ásperas polémicas en la mayoría socialista y el conjunto de la izquierda.
Numerosas personalidades socialistas criticaron al respecto que el gobierno retomara una medida reclamada desde hace tiempo por la derecha y la extrema derecha, y consideraron que la misma estigmatiza a los franceses de doble nacionalidad y cuestiona el «ius soli» (derecho de suelo).
Valls anunció asimismo una pena complementaria de «pérdida de todos o parte de los derechos ligados a la nacionalidad» (electividad, voto, empleo en la función pública), que podría aplicarse a las personas que tienen sólo la nacionalidad francesa.
Manuel Valls precisó que la aplicación de esas medidas será «estrictamente limitada al terrorismo o a las formas graves de atentado a los intereses fundamentales de la nación».
En lo que respecta al estado de emergencia, seguirá siendo «un régimen de excepción necesariamente limitado en el tiempo» y su inclusión en la Constitución «no equivale, por supuesto, a instaurar un estado de emergencia permanente», recalcó Valls.
El estado de emergencia, instaurado después de los atentados del 13 de noviembre, refuerza los poderes de la policía, permitiendo las detenciones domiciliarias, los allanamientos y la prohibición de manifestarse sin control judicial.
