Antiguos detenidos políticos y familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) criticaron ayer en Santiago la “permisividad” de la legislación vigente con los delitos de la dictadura.
Durante un acto organizado por la Corporación Tres y Cuatro Álamos, que lleva el nombre de dos centros de detención y tortura operados por la DINA, la Policía secreta de Pinochet, representantes de las víctimas cuestionaron la gestión de la Justicia en materia de derechos humanos.
“Nuestra legislación vigente, y por herencia de la dictadura, es demasiado permisiva, garantista, como si fueran delitos comunes, pero estos son delitos de lesa humanidad”, dijo Alberto Rodríguez, vicepresidente de la Corporación Villa Grimaldi, cuyo objetivo es promocionar y defender los derechos humanos en Chile.
Criticó que en ese país “no entienden que estos asesinos y genocidas son criminales de lesa humanidad”.
Por su parte, Verónica de Negri, madre del fotógrafo Rodrigo Rojas, quien murió a causa de las quemaduras infligidas por una patrulla militar durante una protesta contra la dictadura, criticó la impunidad frente a los casos de derechos humanos. “Estos casos nos demuestran la cobardía, nos demuestran la inoperancia, nos demuestran cómo no nos han tomado con la responsabilidad y no lo han asumido”, dijo.
