El Consejo de Ética de la Cámara Baja de Brasil aprobó este miércoles (2 de marzo) por una ajustada mayoría proseguir el proceso que le puede costar el cargo al presidente de ese órgano legislativo, Eduardo Cunha, implicado en casos de corrupción en la estatal Petrobras.
Pese a la férrea oposición de diputados afines a Cunha, que desde hace cinco meses obstaculizan el proceso, el Consejo decidió que las sospechas son «contundentes» y justifican la apertura de un proceso en el que puede ser despojado del cargo de presidente de la Cámara Baja e incluso perder su mandato.
La decisión se adoptó por una ajustada diferencia de 11 votos a favor y 10 en contra, al cabo de una sesión que concluyó ya entrada la madrugada de hoy.
El diputado Marcos Rogerio, instructor del proceso, presentó un informe en el que se pronunció por admitir las denuncias que acusan a Cunha de recibir unos cinco millones de dólares de la vasta red de corrupción que operó en la petrolera estatal.
También explicó que, en su comparecencia ante una comisión del Congreso en octubre pasado, Cunha negó tener cuentas cifradas en bancos suizos, lo cual fue desmentido por la justicia del país helvético, que remitió a Brasil unos documentos que prueban la existencia de esos depósitos.
Según Rogerio, Cunha «mintió» al Congreso, algo que, según el reglamento interno de la Cámara de Diputados, puede llevar hasta a la pérdida del escaño de un parlamentario.
El proceso contra Cunha comenzó en el Consejo de Ética el pasado octubre, pero desde entonces el presidente de la Cámara Baja se ha valido de diversas maniobras para postergarlo una y otra vez.
Además del proceso en el Consejo de Ética, Cunha se enfrenta a la posibilidad de ser procesado por el Tribunal Supremo por las mismas sospechas sobre su participación en las corruptelas en Petrobras.
Eso sólo depende de que el tribunal acepte las acusaciones que ya ha sido formuladas en su contra, lo que puede suceder hoy mismo.
Cunha, del oficialista Partido del Movimiento Democrático (PMDB), al que pertenece el vicepresidente del país, Michel Temer, es desde el año pasado un activo y férreo opositor al Gobierno de Dilma Rousseff, que esa formación integra.
En su condición de presidente de la Cámara de Diputados, Cunha aceptó a fines del año pasado iniciar los trámites para un posible juicio con miras a la destitución de Rousseff, solicitado por la oposición por unas irregularidades en las que el Gobierno habría incurrido para maquillar sus balances fiscales de 2014 y 2015.
Ese juicio político llegó a comenzar, pero fue interrumpido por la Corte Suprema debido a algunos «errores de procedimiento».
Tras esa decisión, la Cámara de Diputados pidió al tribunal que aclare algunos aspectos de esa decisión, pero la corte aún no se ha pronunciado, lo cual todavía mantiene paralizado el proceso contra Rousseff.
