La Mandataria brasileña, Dilma Rousseff, reafirmó ayer que la aguda crisis política y económica que sufre el país se debe, en parte, a una oposición que “perdió las elecciones” y ahora, pese a su “derrota”, quiere “adelantar” las próximas.
“Brasil está pasando por un momento de dificultades”, pero “una parte de ese momento es debida a la sistemática crisis política que provocan aquellos que perdieron las elecciones y no se conforman”, sostuvo en un acto en el que entregó 2.400 residencias construidas por el Gobierno en el marco de un programa de viviendas populares.
Rousseff, reelegida en 2014 en unos reñidos comicios en los que se impuso por tres puntos porcentuales al opositor Aécio Neves, dijo que sus adversarios “tienen derecho a discrepar”, pero “no pueden jugar en forma sistemática a la división del país”.
La Mandataria volvió a criticar la operación policial mediante la cual su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, fue llevado en forma coercitiva a declarar ante la Justicia por asuntos de supuesta corrupción.
Rousseff censuró nuevamente que la Justicia haya trasladado a Lula desde su casa a una comisaría y aseguró que “no es posible aceptar” ese tratamiento con “personas que nunca se recusaron a declarar, como es el caso del expresidente”.
Lula es investigado por supuesta ocultación de patrimonio y blanqueo de dinero, aunque la Justicia intenta determinar si también está incurso en el delito de enriquecimiento ilícito.
Según Rousseff, “no tenía ningún sentido llevarlo por la fuerza”, pues “acudió siempre que fue convocado” y se trata de una persona que “nunca se juzgó mejor que nadie”.
También reiteró sus críticas a las “filtraciones ilegales”, en referencia a documentos sigilosos sobre diversas investigaciones obtenidas por la prensa, que ha anticipado muchas de las acciones que llevan a cabo los tribunales, sobre todo en relación a las averiguaciones sobre las corruptelas en la petrolera estatal Petrobras.
En opinión de Rousseff, muchas veces las “acusaciones” filtradas “no son verdaderas, pero el impacto de lanzar barro a los otros ya ocurrió” y sigue.
Reclamos. La oposición fundamenta el proceso en unas maniobras contables que el Gobierno realizó para supuestamente maquillar los resultados fiscales de 2014 y 2015, pero anunció que pretende fortalecer su solicitud con sospechas de que la corrupción petrolera alimentó la campaña electoral de Rousseff en 2014.
Ayer, el presidente de La Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), Paulo Skaf, anunció el respaldo de esa entidad y de otras organizaciones empresariales a las manifestaciones previstas para el domingo en todo Brasil contra el Gobierno de Dilma Rousseff.
“Consideramos, por unanimidad, que este Gobierno perdió la credibilidad y la confianza y que eso está provocando el deterioro de la economía. Por eso consideramos importante participar, pacífica y respetuosamente en la jornada del 13 de marzo”, dijo.
El presidente de la considerada principal y más influyente patronal del país agregó que personalmente participará en la protesta prevista en Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil.
Skaf anunció el respaldo de los empresarios a las manifestaciones tras un encuentro con otros líderes gremiales y con representantes del “Movimiento Brasil Libre” y “Ven a la Calle”, dos de las organizaciones que han convocado a las marchas en las redes sociales. Son los mismos grupos que promovieron al menos tres jornadas de protestas contra el Gobierno el año pasado.
Jornadas difíciles en brasil
Domingo. El Gobierno enfrentará el domingo una jornada de manifestaciones en favor de la destitución de Rousseff.
Lunes. Al día siguiente, el lunes 14 de marzo, Lula deberá declarar en el marco de las investigaciones en Petrobras.
