Una jueza argentina dio hoy un plazo de cinco días hábiles para entregar el contrato completo firmado en 2013 entre la petrolera controlada por el Estado YPF y la estadounidense Chevron, pese a la oposición de la compañía argentina, que había pedido confidencialidad para algunas partes.
La magistrada en lo Contencioso Administrativo María Cristina Carrión de Lorenzo falló a favor de la petición realizada por el exsenador socialista Rubén Giustiniani, quien inició el proceso con una demanda para que se desvelara el contrato, acusado de contener cláusulas secretas, según informaron a Efe fuentes cercanas al denunciante.
Desde YPF -controlada por el Estado desde la expropiación a la española Repsol en 2012- argumentaban que el acuerdo fue suscrito dentro del marco de la Ley de Sociedades Comerciales y que la confidencialidad de sus términos tenía como objetivo salvaguardar información geológica, comercial y financiera, que son de valor estratégico para ambas empresas.
La causa avanzó hasta la Corte Suprema, que determinó que la petrolera queda bajo la cobertura de un decreto que reglamenta el acceso a la información pública.
Por ello, a finales de febrero pasado, YPF tuvo que entregar una copia del contrato a la Justicia pero se presentó también un extenso escrito en el que solicitó a la jueza que adoptara las medidas necesarias para que se preservara de la divulgación pública la información de carácter confidencial.
La copia remitida no era «íntegra y fiel», sino que contaba con partes tachadas, según explicaron las fuentes.
Pese a que la petición de la petrolera para mantener partes secretas recibió incluso el aval de la Oficina Anticorrupción de Argentina la semana pasada, la jueza del caso falló a favor de Giustiniani y obliga a que se ejecute la orden de la Corte Suprema en un plazo máximo de 5 días hábiles.
La orden para desvelar el acuerdo se produjo a raíz de una demanda iniciada por Giustiniani y otros dirigentes políticos, después de que YPF se negara a brindar información sobre el acuerdo rubricado entre las dos empresas para la explotación de yacimientos hidrocarburíferos en el sur del país, sobre todo la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán.
Según YPF, como consecuencia del acuerdo se invirtieron, hasta diciembre de 2015, 4.700 millones de dólares, de los que 3.433 millones fueron aportados por la empresa estadounidense, y se crearon unos 5.000 puestos de trabajo.
