El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien además preside temporalmente la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), envió hoy a los países de este bloque un proyecto de declaración de respaldo a su homóloga brasileña Dilma Rousseff en el marco de la crisis política que atraviesa ese país.
Así lo expresó hoy en Montevideo el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, quien en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado uruguayo calificó la situación en Brasil como «una situación compleja y grave» y mencionó que hay «acuartelamiento de tropas» en ese país, informaron medios locales.
«(Vázquez), en su condición de presidente de la Unasur, está emitiendo una declaración, que ya está circulando por todos los países, haciendo un llamado y una exhortación a que se respete el orden institucional en Brasil, a que se respete el mandato de la presidenta Dilma Rousseff», dijo Nin Novoa en declaraciones en el Parlamento recogidas por el diario uruguayo El Observador.
Asimismo, explicó que la declaración tiene como fin «hacer un llamamiento a que la situación se solucione lo más rápidamente posible» e incidió que Rousseff «fue elegida por voluntad popular hasta el año 2019».
El gigante suramericano atraviesa actualmente una aguda crisis tanto económica como política, con el país en recesión y la clase política que sufre el rechazo de buena parte de la población como consecuencia del escándalo de corrupción que envuelve a la estatal Petrobras y que ha salpicado a políticos de distintos partidos.
Las investigaciones en este contexto incluyen entre sus ejes fraude, lavado de dinero, sobornos a cambio de favores políticos, ventajas fiscales o contratos con el Estado, financiación ilegal de los partidos y de las campañas electorales, y cuentas en paraísos fiscales.
La investigación salpica a empresarios, funcionarios y políticos de todos los colores y a distintas instancias del Estado, pero buena parte de la atención se centra en el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, investigado por blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
Para blindarlo, ante los tribunales, Rousseff nombró a Lula como nuevo ministro de la Presidencia en el Ejecutivo.
Sin embargo, dos jueces, uno de Brasilia y otro de Río de Janeiro, ordenaron la suspensión del nombramiento por el riesgo de una eventual obstrucción a la justicia por parte de Lula, aunque el Gobierno anunció que recurrirá todas las demandas que se presenten.
Por otro lado, la Cámara de Diputados notificó hoy en forma oficial a Rousseff que inició el trámite para un eventual juicio con miras a su destitución, lo que abre un plazo de diez días para que presente su defensa.
Las acusaciones contra la presidenta, formuladas por juristas y cuatro partidos de la oposición, se fundamentan en unas supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que habría ocultado unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.
