La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reiteró este viernes (18 de marzo) sus críticas a los métodos de la justicia para investigar a su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y afirmó que el combate a la corrupción «no justifica» el menoscabo de la democracia.
«Estoy a favor del más riguroso combate a la corrupción, que todos los corruptos vayan a la cárcel. Lo único en lo que no estoy a favor es de que alguien justifique que para combatir la corrupción, también se tiene que llevar la democracia por delante», dijo Rousseff en un discurso en el municipio de Feira de Santana, en Bahía (noreste).
Rousseff volvió a criticar que las escuchas telefónicas que un juez ordenó realizar a Lula, en el marco de las causas abiertas contra él por supuesto blanqueo de dinero, y con las que la policía acabó grabando conversaciones entre el expresidente y su sucesora.
El juez Sergio Moro ordenó realizar escuchas telefónicas a Lula y después permitió la divulgación de los audios, una vez que levantó el secreto que pesaba sobre el proceso al remitirlo al Tribunal Supremo.
En una de las conversaciones, interceptada el pasado miércoles, Rousseff le dice a Lula, investigado por sospechas de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos, que le envió con un mensajero un documento con su nombramiento como ministro de la Presidencia para que lo use «en caso de necesidad».
El diálogo, según diferentes analistas, dejó traslucir que ambos estaban preocupados con la posibilidad de que algún juez ordenara la detención preventiva de Lula antes de que el exmandatario fuera investido como ministro, lo que ocurrió este jueves.
Rousseff afirmó que «no es válido» grabar a un presidente «sin autorización judicial», que tiene que ser concedida por el Tribunal Supremo.
«En muchos lugares quien pone escuchas a un presidente es arrestado, si no tiene autorización de la Justicia», manifestó la jefa de Estado.
Además Rousseff rechazó la «politización» de las investigaciones y de los órganos responsables del combate a la corrupción, entre ellos la policía, la fiscalía y el poder judicial.
En relación a las manifestaciones que han sucedido en los últimos días en ciudades de todo el país contra su Gobierno, Rousseff aseguró que respeta ese derecho.
«Estuve tres años en la cárcel. Cualquiera puede ir a la calle a manifestarse. Lo respeto y lucharé por esos derechos», afirmó la presidenta.
