El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recurrió al Tribunal Supremo para evitar que el proceso abierto en su contra vuelva a la jurisdicción del juez Sergio Moro, el responsable del caso de corrupción en Petrobras, informaron ayer sus abogados.
El magistrado del Tribunal Supremo Gilmar Mendes anuló el viernes el nombramiento de Lula como ministro en el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, con lo que le privó del fuero privilegiado asociado a ese cargo y ordenó que su causa regrese al tribunal de Curitiba dirigido por el juez Moro.
Este juez es responsable de haber aplicado 93 condenas en los últimos dos años a implicados en el caso Petrobras, también ordenó que Lula fuera interrogado el 4 de marzo y puso escuchas telefónicas para investigar al expresidente.
Los abogados de Lula argumentaron que el magistrado Mendes se excedió en sus competencias al tomar una decisión sobre la jurisdicción del proceso abierto en contra de Lula, que es investigado por supuestos delitos de lavado de dinero y falsificación.
Por ello solicitaron a otro juez del Supremo, Teori Zavascki, que anule la decisión de su colega de forma cautelar, hasta que el pleno de la Corte analice el caso. La Fiscalía acusó a Lula formalmente de los delitos de lavado de dinero y falsificación, por supuestamente haber ocultado que es dueño de un apartamento de lujo en un edificio de la constructora OAS, una de las empresas implicadas en el caso Petrobras.
De forma paralela, el Gobierno brasileño se preparaba ayer para enfrentar la reanudación de las sesiones de la comisión parlamentaria en la que se decidirá la posible apertura de un juicio político contra la Presidenta.
La comisión inició el viernes sus trabajos y celebrará hoy la segunda de las 15 sesiones previas a la votación en la que se decidirá si se inicia el proceso parlamentario contra la Jefa de Estado. El ministro de Información, Edinho Silva, afirmó ayer en un artículo en Folha de São Paulo que el oficialismo está empeñado en “deconstruir” el intento de destitución que, en su opinión, es “en nada y por nada justificable”.
Para ello, el Gobierno está tratando de aplacar a los sectores disidentes de los partidos de la base oficialista que han amenazado con pasarse a la oposición debido a la agudización de la crisis, lo que podría inclinar la balanza contra los intereses de Rousseff.
En este sentido, Rousseff expresó que pretende servirse de la capacidad de “articulación” del expresidente Lula para evitar la desbandada de los aliados. Pero precisamente el nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia, que ha sido suspendido por una decisión judicial, tuvo un efecto opuesto.
