El ministro de Hacienda de Brasil, Nelson Barbosa, compareció este jueves (31 de marzo) hoy ante una comisión parlamentaria que analiza si la presidenta Dilma Rousseff debe responder a un juicio político con fines destituyentes y rechazó las acusaciones cargado de argumentos técnicos y jurídicos.
La oposición acusa a Rousseff de incurrir en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.
Barbosa, en contra de la opinión que sostiene la denuncia, afirmó que todas esas operaciones fueron realizadas dentro del marco legal vigente y explicó cada uno de los casos.
Sobre el «maquillaje» de los resultados oficiales, que consistió en omitir deudas con la banca pública de los balances y es el cuerpo central de la denuncia, aceptó que «pudo» haber ocurrido en 2014, el último año del primer mandato de Rousseff.
Pero incidió en que, según la interpretación que el Gobierno y muchos juristas hacen de la Constitución, una falta cometida en un mandato anterior no puede esgrimirse como causa para destituir a un gobernante en un período posterior.
«En 2013 y 2014 hubo valores excesivamente negativos en contra del Gobierno durante mucho tiempo», dijo en relación con esas deudas con la banca pública, pero aclaró que «en 2015 se cancelaron por completo», con lo cual se limitaron al mandato anterior de Rousseff.
También negó que los decretos que modificaron los presupuestos fueran contrarios a la legislación, ya que alteraron partidas pero no valores, con lo cual no constituyeron ningún aumento del gasto, como sostiene la acusación.
«Con base en estos argumentos técnicos y jurídicos, y no en mis opiniones, considero que no hay base legal» para un proceso contra la presidenta, declaró Barbosa, aplaudido por los parlamentarios del bloque oficialista y abucheado por la oposición.
Los alegatos del ministro fueron refrendados por el académico Ricardo Lodi Ribeiro, profesor de Derecho Tributario e invitado también a declarar sobre el asunto.
La comisión parlamentaria está formada por 65 diputados de todos los partidos representados en el Congreso y este miércoles escuchó a los juristas Miguel Reale Júnior y Janaina Paschoal, dos de los firmantes del pedido de «impeachment» (juicio político).
Ambos ratificaron que las acusaciones están fundamentadas en diversos artículos de la Constitución y, tal como ocurrió hoy, sus argumentos fueron recibidos con aplausos de la oposición y protestas del oficialismo.
La comisión parlamentaria producirá un informe sobre el caso, que se prevé que votará dentro de unos diez días, y, según el resultado, la causa será archivada o pasará al pleno de los Diputados.
Para que el proceso prosiga, una mayoría calificada de 342 votos deberá respaldarlo, para que entonces el Senado, por mayoría simple, decida si da curso al juicio político.
En caso de que el Senado acepte iniciar el juicio político, la presidenta deberá separarse del cargo durante 180 días, plazo que tendrá la Cámara Alta para concluir el proceso.
Durante ese lapso, Rousseff será sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de una destitución.
Temer es el presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor fuerza política del país, que este martes decidió romper con el Gobierno, lo que fue interpretado como un claro respaldo al eventual proceso contra Rousseff.
