La presidenta brasileña Dilma Rousseff seguía este lunes (4 de abril) tejiendo alianzas para salvar su mandato, mientras su gobierno denunciaba un «deseo de venganza» del jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, en la tentativa de impulsar un impeachment contra la mandataria de izquierda.
Rousseff negocia, tras la ruptura del partido centrista PMDB con la base aliada, una reestructuración gubernamental en todos los niveles, con el fortalecimiento de formaciones que puedan darle los votos necesarios para impedir un juicio de destitución en el Congreso.
El último sacrificado de esa movida fue el presidente del Instituto Brasileño de Turismo (Embratur), designado en 2015 por el vicepresidente Michel Temer, quien es también jefe del PMDB y virtual heredero de Rousseff si el impeachment prospera.
La semana pasada ya habían sido destituidos los jefes del Departamento Nacional de Obras contra la Sequía (DNOCS), de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) y de la Fundación Nacional de Salud (Funasa).
El PMDB, que tiene una bancada de 69 diputados, cuenta aún con seis ministros que expresaron su deseo de permanecer en sus cargos, en abierto desacato de la orden dada por la dirección partidaria.
Rousseff, de 68 años, busca premiar a partidos capaces de garantizarle un apoyo contra el proceso de destitución.
Una comisión de 65 diputados debe indicar en un primer momento si ve causas válidas para abrir un juicio político contra Rousseff, acusada de presunta manipulación de las cuentas públicas.
Una moción de destitución de la mandataria, perteneciente al Partido de los Trabajadores (PT), debe ser aprobada por 342 de los 513 diputados (dos tercios) antes de ser tramitada en el Senado.
Los cálculos y las cábalas se multiplican y cualquier conversación con un asesor parlamentario, de cualquier partido que sea, termina estos días con la calculadora en la pantalla del teléfono. La crisis política de la joven democracia brasileña se potencia con una grave recesión. Según la última encuesta de mercado publicada semanalmente por el Banco Central, los operadores estiman que la contracción del PIB de la mayor economía latinoamericana será este año de 3,73%, casi igual a la de 2015 (3,8%).
«Deseo de venganza»
El abogado general del gobierno, José Eduardo Cardozo, se dirigirá por la tarde a la Comisión que tendrá luego cinco sesiones para expresar su parecer.
El voto de ese parecer por el plenario podría producirse hacia mediados de mes, lo cual significa que Rousseff puede tener apenas unos días para ganar apoyos y salvar su mandato, que normalmente debe terminar a fines de 2018.
La mandataria asegura que las acusaciones en su contra no implican un «crimen de responsabilidad» y denuncia una tentativa de «golpe de Estado» institucional.
Cardozo, que fue ministro de Justicia, «va a pedir archivar la causa por falta de base jurídica» y atribuirá la denuncia a un posible «acto de venganza» del presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, adelantó la Abogacía General de la Unión (AGU), una instancia con rango ministerial.
La defensa afirmará que «todo el procedimiento de impeachment solo fue aceptado por el presidente de la Cámara después de que la bancada del Partido de los Trabajadores votara a favor de la apertura de un proceso en su contra en la Comisión de Ética», indica la nota colgada del portal de la AGU.
Cunha, tercero en la línea de sucesión de Rousseff, se convirtió el mes pasado en el primer político brasileño protegido por fueros que deberá sentarse en el banquillo de la Corte Suprema, por haber recibido, según la acusación, al menos cinco millones de dólares en sobornos procedentes de la red corrupta que desangró a la estatal Petrobras.
La decisión fue aprobada por los 10 jueces de la Comisión de Ética de la Cámara.
Y el domingo apareció el nombre de Cunha en la investigación periodística de los «Panama Papers», el escándalo generado por la filtración de documentos del gabinete panameño Mossack Fonseca, especializado en crear empresas en paraísos fiscales.
Cunha ne negó sin embargo tener ninguna empresa offshore.
¿Esperando a Lula?
El PMDB fue el principal aliado del PT tanto bajo los mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y de su ahijada Rousseff.
La presidenta nombró el mes pasado a Lula como jefe de gabinete, pero la designación fue bloqueada por un juez del Supremo Tribunal Federal (STF), debido a sospechas de que se trataba de una argucia para sacar de la órbita de la justicia ordinaria al fundador del PT, investigado por presunta corrupción en el escándalo de Petrobras.
Lula sigue siendo, pese a todo, el gran articulador de las nuevas alianzas, de acuerdo con fuentes gubernamentales y observadores.
El exmandatario afirmó el fin de semana que esperaba que su caso sea zanjado por el STF el jueves próximo.
Entre tanto, el carismático dirigente de la izquierda latinoamericana multiplica los mítines de apoyo a Rousseff. El sábado pasado estuvo en Fortaleza, en pleno feudo nordestino del PT, y este lunes encabezará un acto en Sao Bernardo do Campo, en la región paulista, donde surgió como líder sindical en los años de la dictadura militar (1964-85).
