Fiscales de Guatemala realizaron este viernes (8 de abril) un allanamiento en el Banco de los Trabajadores y embargaron una cuenta de un inversionista venezolano de nombre Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, que figura como representante legal de DHK Finance INC Panamá.
Luego del análisis, la fiscalía contra el Delito de Lavado de Dinero y otros activos del Ministerio Público (MP) gestionó una orden judicial que decreta una medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión de las acciones y propiedades de la cuenta, ya que el dinero proviene, supuestamente, de una «actividad ilícita».
El Banco de Los Trabajadores es una entidad regulada por la Superintendencia de Bancos (SIB) y explicó en un comunicado que «todas sus operaciones están debidamente supervisadas».
La fiscalía guatemalteca explicó que la denuncia fue presentada por la Intendencia de Verificación Especial y en ella se indicaba que el inversionista, representante legal de DHK Finance INC Panamá, establecida el 12 de octubre de 2011 en la ciudad de Panamá, «hizo una inversión en el Banco de los Trabajadores» con fondos que «posiblemente» provienen de una actividad ilícita.
La orden judicial, que se hizo efectiva hoy, decreta una medida cautelar de «embargo, secuestro y suspensión de los Derechos de Propiedad de acciones preferentes de la inversión», por lo que pasa «provisionalmente» a la administración del Estado.
Por su parte, el Banco de los Trabajadores informó de los hechos y dijo que están con la disposición de apoyar a las autoridades «en cualquier caso» que lo soliciten «dentro del marco de la Ley de Bancos y Grupos Financieros vigente».
«Nuestras operaciones continúan con total normalidad para servir a nuestros clientes con la amabilidad y prontitud que nos caracteriza», concluyó la entidad bancaria.
En el allanamiento, los fiscales recabaron información que consideran «importante para la investigación» y, aunque no brindaron mayores detalles, dijeron que no está relacionado con el caso de papeles de Panamá.
El escándalo de los papeles de Panamá ha destapado miles de empresas y activos opacos de personalidades de todo el mundo.
El caso abarca más de once millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado, o a sus familiares.
