La comisión parlamentaria que decidirá si prosigue o se archiva el trámite para un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff inició hoy su décima sesión y acordó que la extenderá hasta la madrugada de este sábado.
La sesión será dedicada exclusivamente al debate de un informe presentado por el diputado Jovair Arantes, que actúa como instructor del caso y ha recomendado que el trámite continúe hasta iniciar un proceso con miras a la destitución de la mandataria.
«Como la denuncia contiene todas las condiciones jurídicas y políticas necesarias para su admisión, concluye el instructor por la aceptación jurídica y política de la acusación y por la consecuente autorización para la instauración, en el Senado, del proceso», dice el informe presentado por Arantes el pasado miércoles.
El presidente de la comisión, Rogério Rosso, al iniciar la décima sesión, precisó que estará dedicada solamente a debatir ese informe y que se extenderá hasta las 3.00 hora local (6.00 GMT) del sábado.
Rosso agregó que el próximo lunes habrá una última reunión, en la que será votado el informe presentado por Arantes.
De acuerdo a las normas establecidas por la Corte Suprema para el trámite, si el informe del instructor es aprobado por mayoría simple en esa comisión de 65 miembros, será remitido al pleno de la Cámara de Diputados.
En esa instancia, para que el trámite prosiga, deberá ser aprobado por 342 votos, número que representa una mayoría calificada de dos tercios de los diputados y que, de no alcanzarse, llevará a que la causa sea inmediatamente archivada.
Si los diputados se inclinan por avanzar en el proceso, tomará la palabra el Senado, cuyos 81 miembros decidirán, por mayoría simple, si dan lugar al juicio político.
De llegarse a ese extremo, Rousseff debería separarse del cargo por un período de 180 días, que será el plazo que tendrá el Senado para la celebración del proceso.
Mientras se celebre el eventual juicio político, Rousseff sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si el Senado se inclinase por la destitución de la mandataria.
Rousseff ha sido acusada de incurrir en unas maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015; modificar los presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
El Gobierno niega esos cargos a rajatabla, sostiene que las acusaciones no tienen «ningún fundamento» y ha calificado todo el proceso, al igual que la propia Rousseff, como un intento de «golpe de Estado».
