El presidente de Argentina, Mauricio Macri, inició un contraataque judicial en la investigación por presunta «omisión maliciosa» de bienes en el escándalo de los ‘Panama Papers’, y tras la iniciativa de un fiscal que quiere saber si ocultó información de empresas ‘offshore’.
Macri, de 57 años, estaba el viernes a punto de pedirle por escrito a un juez civil que le certifique la veracidad de su declaración al fisco por sociedades en paraísos fiscales de Bahamas y Panamá. «No tengo nada que ocultar», dijo el jueves.
Pero el mandatario evita al mismo tiempo presentar documentación en el juzgado federal de Sebastián Casanello, sede en la cual planteó sus sospechas el fiscal Federico Delgado.
Macri ganó en noviembre las elecciones presidenciales con la lucha contra la corrupción, el cambio económico y la transparencia como caballitos de batalla. Incluso en una reciente visita, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo elogió por haber reincorporado al país al mundo, tras doce años de gobiernos kirchneristas (peronistas de centroizquierda).
La noche del jueves, tras anunciarse la investigación, enardecidos ciudadanos autoconvocados por redes sociales se concentraron frente a la Casa de Gobierno para pedirle la renuncia. Mencionaban como ejemplo la renuncia de otro involucrado en los ‘Panama Papers’, el primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson.
El caso «es una complicación política para Macri, porque le impide capitalizar a su favor evidencias sobre la corrupción del kirchnerismo y porque da a sus enemigos políticos argumentos en su contra», dijo a la AFP el politólogo Rosendo Fraga. Un exfuncionario y un empresario kirchnerista fueron arrestados esta semana. Uno está acusado de malversación de fondos y el otro de lavado de dinero.
– La tortuga
«La presentación en juzgado civil no frena la investigación penal. Se intenta determinar si hubo una omisión maliciosa en la declaración jurada y, en ese caso, si fue a propósito o si al mandatario se le ‘escapó la tortuga'», dijo Delgado a la radio Vorterix.
La frase coloquial «se le escapó la tortuga» se aplica en Argentina cuando alguien se distrae tanto que olvida cuidar o hacer algo importante.
Macri figura en los ‘Panama Papers’ filtrados por un consorcio mundial de periodistas como director de Fleg Trading Ltd. fundada por su padre, el magnate empresario Franco Macri, en Bahamas, y desactivada en 2008.
El jefe de Estado dijo que esta firma había sido creada 10 años antes para una inversión de su padre en Brasil. «No fui accionista, no cobré honorarios», se defendió.
Otra firma es Kagemusha SA, de la que Macri sería vicepresidente y que está «aún en funcionamiento», según Delgado. Además de una supuesta «omisión maliciosa» al declarar bienes, el fiscal dijo que intenta averiguar si «la vida social (de dichas empresas) infringió algún tipo penal».
«Una acción de certeza (como la que presenta Macri) tiene el fin de aclarar. Si el juez civil aclara algún tipo de duda, o dicta alguna sentencia, será parte de la investigación. La acción civil no frena la investigación, son causas paralelas», señaló el fiscal.
En Argentina los funcionarios públicos están obligados desde 1999 a presentar declaración jurada, donde deben mencionar sus participaciones comerciales y hasta los bienes suntuosos que poseen.
«En este caso, es mucho más complejo el asunto porque es mucho más difícil conocer la información de una sociedad ‘offshore'», indicó el fiscal.
– El mundo mira
El embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau, admitió el viernes que Washington y el resto del mundo «están mirando» el escándalo de los ‘Panama Papers».
«No he tenido todavía ninguna consulta. La decisión política global es cerrar la brecha de evasión y de lavado que ocurren en estos regímenes fiscales», dijo Loustau al diario El Cronista.
El embajador consideró «sanador y catárquico» el fenómeno y sostuvo que «hay una parte del accionar de la política y del empresariado que está oculto detrás de un velo de opacidad muy grande, y que filtraciones de este tipo sacan a la luz».
En su contragolpe, Macri anunció el jueves que crea un «fideicomiso ciego», instrumento por el cual pone sus bienes en manos de un conjunto de personas mientras esté en la función pública.
