Los «Panama Papers» que vincularon al presidente argentino Mauricio Macri con empresas fantasmas golpean la imagen del mandatario a cuatro meses de llegar al gobierno con una promesa de cambio y transparencia.
Y puede convertirse en artillería para la oposición en momentos en que el presidente enfrenta un descontento por las fuertes medidas de ajuste tras asumir el gobierno en diciembre pasado, sobre todo devaluación de casi 40%, aumento de la luz, el gas y el transporte público, hasta ahora muy subsidiados, y el despido de 11.000 empleados públicos, según el gobierno y 100.000, según los sindicatos.
«Ese descontento puede eventualmente tomar fuerza» , advirtió el politólogo Gabriel Puricelli.
A cuatro días de desatarse el escándalo ‘Panama Papers’, Macri por primera vez aludió al caso en público en la Casa de Gobierno, donde prometió entregar a la justicia documentos que prueban su inocencia y que no cometió una «omisión maliciosa» en su declaración de bienes como lo sospecha un fiscal que pidió investigarlo.
Y por primera vez manifestantes autoconvocados en la Plaza de Mayo le reclamaron de viva voz la renuncia, como lo hizo en Islandia su exprimer ministro Sigmundur David Gunnlaugsson, primera víctima política del escándalo.
En un claro reflejo de las divisiones que vive este país de 40 millones de habitantes, las redes sociales arden con debates de opositores o defensores del mandatario bajo los ‘hashtag’ #PanaMacri o #panamapapeles.
«Nosotros no podemos naturalizar esta situación, esta no es una situación ni normal ni natural. Queremos que el presidente nos explique su verdad sobre este tema», reclamó la diputada del Frente para la Victoria (peronismo centroizquierda) Cristina Alvarez Rodríguez.
El presidente de centroderecha que lleva casi cuatro meses de gobierno y que todavía cuenta con alto nivel de aprobación, según encuestas del mes pasado, está por primera vez enfrentando una embestida cuyas consecuencias políticas y judiciales son difíciles de dilucidar pero que sí pueden dañar la credibilidad de un hombre que ganó precisamente prometiendo juego limpio institucional.
«Este es un tema ligado a su pasado empresario, de su padre, del que siempre Macri fue víctima, proviene de cosas muy antiguas», explicó a la AFP el abogado constitucionalista Daniel Sabsay.
Macri dijo el lunes en una entrevista a una canal de televisión de provincia que su aparición como «director circunstancial» de Fleg Trading Ltd. inscripta por su padre en Bahamas, «fue una operación legal» y que no tenía «nada raro».
Horas después la prensa revelaba la existencia de otra firma fantasma pero en Panamá y aún activa, donde figura como presidente de Kagemusha SA. Sobre ésta no se ha expresado personalmente, pero su jefe de gabinete Marcos Peña le restó importancia.
Sin embargo, Macri quedó en un terreno más incómodo de cara a la opinión pública luego que el fiscal Federico Delgado pidiera a un juez federal abrir una investigación para determinar si el presidente obró «maliciosamente» y si hubo «omisión de datos en su declaración jurada» tras aparecer en las inscripciones de dos ‘offshore’.
«Esto no es Islandia»
El pedido del fiscal para que se investigue a Macri, depende ahora del juez Sebastián Casanello, según Sabsay «un personaje típico del kirchnerismo», acusó sobre la supuesta protección que hizo este magistrado en el pasado a denunciados cercanos a los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner.
Por el contrario, la oposición sostiene que hay jueces que responden a los intereses del oficialismo.
Si Casanello hace lugar a esta investigación, Macri podría enfrentar una causa judicial con apenas cuatro meses como presidente de Argentina.
«Es sana esta decisión del magistrado de pedir una investigación. Ahora, el hecho de aparecer en empresas no es un delito», puntualizó Puricelli.
Según Puricelli hay grandes diferencias entre el caso que golpea a Macri y el que provocó la renuncia del primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson tras el escándalo por los Papeles de Panamá, que llevó a miles de personas a protestar en las calles de la pequeña isla de 320.000 habitantes.
«Acá no es Islandia. Hay más tolerancia a la corrupción que en países europeos, tenemos un estandar más italiano», agregó el politólogo.
