La policía federal (PF) brasileña detuvo este martes (12 de abril) a un exsenador acusado de haber cobrado sobornos para bloquear investigaciones parlamentarias sobre la red de corrupción en Petrobras, informaron fuentes oficiales.
La PF desencadenó a primeras horas de la mañana la 28º fase de la operación Lava jato (lavado a presión), que desde hace dos años desmonta el sistema de sobornos pagados por grandes constructoras a Petrobras y a políticos para obtener licitaciones.
El operativo, centrado en Brasilia, Rio de Janeiro y Sao Paulo, «tiene como blancos al exsenador Gim Argello (…) y a personas relacionadas con él», precisa un comunicado de la Fiscalía de la República en el Estado de Paraná (sur), donde actúa el juez Sergio Moro, a cargo de las pesquisas del Lava Jato.
«Se cumplieron una orden de prisión preventiva, dos de prisión temporaria, 5 de interrogatorios forzados» y se dispuso «el bloqueo de activos de dos de las personas investigadas y de tres personas jurídicas», agrega el documento.
Los medios brasileños indicaron que el detenido era Gim Argello.
Según la Fiscalía, detenciones se ordenaron en base a «pruebas (…) de que dirigentes de constructoras implicadas en el esquema criminal que se sirvió de Petrobras pagaron (…) sobornos al entonces senador Gim Argello para evitar ser convocados a prestar declaración» ante las comisiones parlamentarias de investigación (CPI) que se habían instalado en el Senado y en la Cámara para examinar los desfalcos cometidos en la petrolera estatal.
«Hasta el momento, se recogieron evidencias de sobornos pagados a Gim Argello por las constructoras UTC Engenharia y OAS» en 2014, en el primer caso por 5 millones de reales (2,123 millones de dólares al cambio promedio de ese año) y en el segundo por 350.000 reales.
«Los hechos son alarmantes porque hay fuertes indicios de que una comisión parlamentaria de investigación, que tiene un importante papel en la investigación de hechos graves en nuestra democracia, fue usada por un entonces senador para practicar la corrupción, en vez de combatirla», afirmó el Fiscal general Athayde Ribeiro Costa, citado en el comunicado.
La Fiscalía admite que las pesquisas contaron con «técnicas especiales de investigación, como la colaboración premiada o las escuchas telefónicas», pero resaltó «el carácter técnico de las investigaciones, en este momento de turbulencia política».
La operación Lava jato llevó a la cárcel, sentó en el banquillo o levantó sospechas sobre figuras de todo el espectro político y poderosos empresarios.
