El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso aseguró este lunes (18 de abril) en Sao Paulo que el Gobierno de Dilma Rousseff «no tiene más condiciones para gobernar» y que Brasil vive una democracia «corroída y corrompida».
«Estoy obligado a admitir que el Gobierno no tiene más condiciones para gobernar, no vamos a tirarnos más piedras sobre el tejado. Tenemos problemas sociales que resolver en el país», dijo durante un foro en Sao Paulo.
El expresidente lamentó que Brasil viva en «una democracia corroída» y «corrompida», fruto de un «presidencialismo de cooptación».
«A cierta altura, un cierto presidente (…) hizo alianzas con los partidos pequeños y, para ello, distribuyó posiciones y, en ciertos casos, dinero», dijo en referencia al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, mentor político de Rousseff y considerado el jefe de Estado más carismático del Brasil contemporáneo.
«Eso es corrupción de la democracia», sostuvo Cardoso, para quien el juicio político con fines destituyentes contra Dilma Rousseff aprobado anoche por el Parlamento «no pone en riesgo a la democracia del país».
«Cuando hubo el primer intento de usar ese mecanismo, había dudas sobre las consecuencias», señaló Cardoso sobre el juicio político al que fue sometido el hoy senador Fernando Collor, que renunció a su mandato en 1992, un día antes de que el Senado lo destituyera por corrupción.
Entonces, «no hubo consecuencias negativas para la democracia y, en este momento, con todo el debate que estamos viviendo, tampoco creo que haya riesgo para la democracia», agregó el expresidente, que gobernó el país entre 1995 y 2003 con el Partido de la Social Democracia Brasileña, uno de las principales formaciones opositoras del Ejecutivo de Rousseff.
La Cámara de Diputados dio anoche luz verde, por 367 votos frente a 137, a la tramitación del «impeachment» (Proceso de destitución) contra Rousseff en el Senado, que tendrá la última palabra sobre el futuro de la presidenta.
Si el Senado vota a favor del proceso, Rousseff tendría que separarse del cargo durante 180 días y sería sustituida por el vicepresidente, Michel Temer, que enfrenta también una amenaza de juicio político.
