La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, condenó este martes (19 de abril) la exaltación a la tortura y a sus responsables hecha por un diputado en la votación que el pasado domingo decidió que prosiga el trámite para un eventual juicio con miras a destitución.
«Es lamentable» que «este momento haya dado lugar a expresiones de odio e intolerancia», dijo Rousseff en alusión al diputado Jair Bolsonaro, quien al momento de votar en favor de la continuidad del proceso recordó al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, uno de los jefes del aparato represivo de la última dictadura (1964-1985).
«Estuve presa y conocí a ese señor y puedo decir que fue uno de los mayores torturadores de Brasil», declaró la mandataria, que en prisión sufrió torturas y duros maltratos, durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros.
Según Rousseff, «es terrible que alguien vote en el Congreso en nombre de uno de los mayores torturadores que ha tenido Brasil».
En la rueda de prensa, la presidenta insistió en que en el país está en marcha una «ruptura del orden democrático» que difiere de los golpes de Estado tradicionales, pero de todos modos apunta a desconocer el mandato de las urnas y es «un golpe».
Rousseff reiteró que el proceso en su contra carece de base legal pues la acusación se fundamenta en unas maniobras fiscales que «no suponen un delito de responsabilidad», como la Constitución define las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
También volvió a asegurar que si el Senado, que tiene ahora el proceso en sus manos, decide instaurar el juicio político, lo que la llevaría a dejar el cargo mientras dure el trámite, se propone «resistir», aunque sin aclarar de qué forma.
El Senado, que recibió este lunes la documentación del proceso remitida por la Cámara de Diputados, deberá instalar esta semana una comisión de 21 miembros que analizará el caso y preparará un informe que luego será llevado al pleno de la cámara.
En caso de que el pleno respalde la apertura del juicio político, Rousseff deberá separarse del cargo mientras dure el proceso y será reemplazada temporalmente por el vicepresidente Michel Temer, que en caso de su destitución completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019.
