Estados Unidos abrió una investigación criminal sobre las filtraciones de los papeles de Panamá, que han destapado miles de empresas y activos opacos de personalidades de todo el mundo, según una carta del fiscal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara, publicada hoy.
En la misiva, dirigida al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), con sede en Washington y uno de los artífices de las filtraciones, el fiscal informa de la apertura de «una investigación criminal» sobre asuntos «relevantes» vinculados con los papeles de Panamá.
En la carta, a la que accedió Efe, Bharara solicita poder mantener una reunión «tan pronto como sea posible» con algún representante del ICIJ «involucrado en el proyecto» de los papeles de Panamá para hablar acerca de la investigación.
La periodista argentina Marina Walker, subdirectora del ICIJ, dijo hoy a Efe que la organización ha recibido la notificación del fiscal Bharara, fechada el 3 de abril, el mismo día en el que salieron a la luz las filtraciones.
El escándalo de los papeles abarca más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado, o a sus familiares.
La carta oficial no especifica sobre qué aspecto de las filtraciones EE.UU. ha decidido abrir una investigación y tampoco incluye una citación judicial para obligar a testificar a miembros del ICIJ o exigirles la entrega de los millones de documentos obtenidos de la firma panameña.
De hecho, el acceso a los documentos sigue limitado a un grupo de medios internacionales, entre los que se incluye el diario británico The Guardian o el alemán «Süddeutsche Zeitung».
Cuando el escándalo estalló a comienzos de este mes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, alertó contra el «gran problema global» de la evasión de impuestos.
Según Obama, muchas de las operaciones en paraísos fiscales que aparecen en los «papeles de Panamá» son «legales» y ese es «precisamente el problema».
El Departamento de Justicia, encabezado por la fiscal Loretta Lynch, ha emprendido importantes ofensivas legales fuera de Estados Unidos, como el caso de la FIFA, bautizado como ‘FIFAgate’ y en donde se investiga una red de sobornos que alcanzarían los 200 millones de dólares y supuestamente a más de 40 implicados.
Dos días después del estallido del escándalo de los papeles, el Departamento de Justicia lanzó un programa para reforzar el cumplimiento de la Ley contra Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA), destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías de EE.UU. a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.
«Los sobornos a funcionarios extranjeros dañan a aquellos que actúan de acuerdo con las reglas del juego, desvían el dinero de las comunidades y mina el cumplimiento de la ley», consideró entonces la fiscal de la División Criminal del Departamento de Justicia, Leslie R. Caldwell.
Según el portal estadounidense de noticias Fusion, en los papeles hay 211 personas con direcciones de EE.UU. que han sido identificadas en los papeles de Panamá como propietarias de sociedades «offshore» (inscritas en un paraíso fiscal) creadas por el bufete panameño Mossack Fonseca supuestamente para que grandes capitales eludan al fisco.
A pesar de la poca presencia de nombres estadounidenses en los papeles de Panamá, el escándalo ha afectado a agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), los servicios secretos exteriores de EE.UU., y a la compañía Triple Canopy, contratada por el Ejecutivo para dar seguridad a los estadounidenses en Irak.
Mientras las filtraciones continúan, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la ONU han creado una plataforma para intensificar su cooperación en la lucha contra la evasión fiscal.
Durante la asamblea de primavera del FMI y el BM de la semana pasada, los líderes participantes reconocieron la urgencia de aumentar la coordinación internacional en esta materia.
Además, el G20 (países emergentes y avanzados) incluyó en su comunicado final, tras la reunión ministerial que celebró durante la reunión, la necesidad de revelar y compartir la identidad de los propietarios reales de sociedades en paraísos fiscales.
