Argentina abonó hoy 9.300 millones de dólares a acreedores con los que desde hace una década mantenía un complicado litigio en tribunales de Nueva York por bonos en mora desde finales de 2001, un pago con el que el país suramericano espera normalizar su relación con los mercados financieros.
«Terminó el tema. Salimos del default (cese de pagos) oficialmente y definitivamente», aseguraron a Efe fuentes del Ministerio de Hacienda argentino.
El pago de hoy fue acordado por Argentina con los querellantes, liderados por el fondo de inversión NML, tras una dura batalla judicial iniciada en 2005, que se zanjó con una sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa a favor de los litigantes.
Luego de que el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) se negara a cumplir con la sentencia, el nuevo presidente, Mauricio Macri, quien asumió en diciembre pasado, se abocó a una rápida negociación para pagar a los querellantes y también a otros acreedores con reclamos no incluidos en el juicio en Nueva York.
«Argentina, cumpliendo con su promesa, ha pagado hoy a todos los bonistas que se unieron al acuerdo de principios con la república el 29 de febrero», dijo en un comunicado Daniel Pollack, mediador en el caso designado por Griesa.
Para obtener los fondos para el pago, Argentina optó por salir a los mercados internacionales, a los que no acudía desde antes del cese de pagos de 2001, para colocar nuevos bonos, a 3, 5, 10 y 30 años de plazo.
Por los nuevos títulos se recibieron ofertas por 68.600 millones de dólares, de los cuales Argentina tomó 16.500 millones para entregar los nuevos bonos, a una tasa promedio del 7,14 %, y cuya emisión fue hoy oficializada mediante una resolución del Ministerio de Hacienda publicada en el Boletín Oficial.
Tras el pago a todos los acreedores que hasta el pasado viernes han adherido a los acuerdos de cancelación de las deudas, el juez Griesa levantó una medida cautelar que mantenía desde hace dos años bloqueados los pagos que Argentina debe hacer a los inversores que sí habían aceptado los canjes de deuda de 2005 y 2010.
Por esta imposibilidad para cumplir con los compromisos con los tenedores de deuda reestructurada, Argentina fue declarada en 2014 en cese de pagos selectivo.
Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por Efe indicaron que ahora Argentina tiene un par de semanas de plazo para hacer frente al pago de los 3.000 millones de dólares que se adeudan a esos acreedores.
«Cautelar levantada. Basta de ataduras. Basta de cepos.
#ChauDefault Arranca una nueva etapa. Los argentinos, listos para emprender y crecer», dijo hoy el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, en su cuenta de la red social Twitter.
El pasado martes, Prat-Gay señaló que el Gobierno argentino espera que aparezcan otros litigantes que no tomaron parte del juicio en Nueva York o no se adhirieron a la oferta de pago a otros acreedores, como la que recientemente aceptaron un grupo de inversores italianos.
Para estos, según afirmó el ministro, quedará abierta la «oferta base», que implica pagar el capital original más un 50 %.
El conflicto por la deuda argentina detonó a finales de 2001, cuando el país, en medio de una severa crisis política, económica y social, declaró el mayor cese de pagos de la historia moderna, por 102.000 millones de dólares.
Argentina reestructuró la mayor parte de esos pasivos con canjes en 2005 y 2010, a los que adhirió el 93 % de los acreedores.
Pero poderosos fondos de inversión no aceptaron los canjes y llevaron a Argentina a los estrados por un reclamo original de 1.330 millones de dólares que se acrecentó varias veces por la aplicación de intereses y el ingreso de otros acreedores al litigio.
El prolongado conflicto por la deuda hizo que Argentina no pudiera financiarse en los mercados internacionales, donde se hubiera visto obligada a convalidar altísimas tasas de interés por bonos de un emisor considerado prácticamente insolvente.
Con calificaciones crediticias que ya comenzaron a mejorar y la abundante oferta recibida en la colocación del martes, Argentina espera ahora un mejor clima en los mercados para conseguir recursos que alivien su frente fiscal e inversiones que permitan reactivar la economía.
