Fuerzas federales de México arrestaron a Nicolás Nájera Salgado, jefe del cártel Guerreros Unidos desde 2014, informaron este lunes (25 de abril) autoridades que investigan la presunta participación del detenido en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
«Líneas de investigación permitieron conocer que Nájera Salgado se encuentra presuntamente relacionado con la producción y tráfico de drogas hacia los Estados Unidos», indicó la secretaría de Gobernación (Interior) en un comunicado.
Además «se presume que este sujeto está vinculado a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014», cuando desaparecieron los 43 estudiantes en Iguala (Guerrero, sur) a manos de policías locales coludidos con el cártel Guerreros Unidos, añadió.
Nájera Salgado fue detenido «por el delito de delincuencia organizada» en las inmediaciones de Coajomulco, en el municipio de Huitzilac, en el estado de Morelos, vecino de Guerrero.
Enrique Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal, dijo en una conferencia de prensa en Guerrero que al ser capturado, se le incautaron a Nájera Salgado dos cargadores con balas de .9 y que el caso fue enviado a la fiscalía general.
Según esta dependencia, el 26 de septiembre de 2014 los jóvenes estudiantes fueron atacados por policías municipales de Iguala y la vecina Cocula, quienes los habrían entregado a Guerreros Unidos. Al confundirlos con integrantes de un cártel enemigo, los narcotraficantes asesinaron a los estudiantes e incineraron sus cuerpos en un basurero aledaño, para luego arrojar sus restos a un río, según la versión oficial.
El 17 de octubre de 2014, la fiscalía anunció la captura de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos al momento de la agresión contra estudiantes.
Un año después arrestaron a Gildardo López Astudillo, quien presuntamente fue quien identificó a los jóvenes como miembros del cártel rival Los Rojos y quien transmitió esa información a Casarrubias, que habría autorizado así los asesinatos.
El arresto de Nájera Salgado ocurre un día después de que el grupo de expertos que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el caso de los 43 estudiantes, denunció «obstrucciones» del gobierno y supuestos casos de tortura contra al menos 17 de los 123 detenidos acusados por este crimen.
