Los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que averiguan la desaparición de 43 estudiantes mexicanos, pidieron ayer a la Fiscalía que reconozca que “no existe evidencia” sobre su destino e investigue las presuntas torturas a la mayoría de los detenidos.
El grupo de la CIDH recomendó a la Fiscalía mexicana (Procuraduría General de la República, PGR) “cambiar la narrativa del caso” y abandonar el discurso según el cual los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Estado de Guerrero), fueron masacrados, incinerados en un vertedero de basura del municipio vecino de Cocula y arrojados a un río, tras ser baleados por sicarios y policías corruptos que los confundieron con narcotraficantes. A esta versión, la oficial, los investigadores la llaman la “verdad histórica”.
CERTEZA. Los investigadores aseguran que esta reconstrucción de los hechos no tiene sustento científico y que los jóvenes no fueron quemados en el basurero. “Es momento de que la PGR cambie su versión pública sobre los hechos” porque “no existe certeza sobre el destino de los normalistas” y tampoco se encontraron pruebas de que “fueran confundidos” con narcotraficantes, aseguran en su informe.
En ese mismo documento el grupo pidió a la Fiscalía investigar probables “desapariciones forzadas”, que representan violaciones de “derechos humanos de carácter permanente” y que “suponen una herida abierta en los familiares”. “Deben trazarse líneas de investigación a partir de los lugares donde, posteriormente a la hora de su detención, se siguieron activando sus teléfonos”, recomendaron los expertos.
Este informe es el segundo que presenta el grupo designado por la CIDH y que cierra su gestión, al cabo de 14 meses de trabajo. Como en el anterior, advierte que para llegar al fondo del caso también deben ser investigadas las presuntas torturas que sufrieron la mayoría de los detenidos y luego desaparecidos. En el primer documento que emitió, los expertos pusieron el acento en que “el 80% de los 80 detenidos habían sufrido lesiones que debían ser investigadas”.
Las conclusiones generales del primer informe del grupo de la CIDH fueron secundadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que también colaboró en la investigación a solicitud de los familiares de las víctimas. El grupo de expertos también consideró necesario “investigar de manera adecuada otras graves violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso y que así sean tipificadas por los jueces encargados de las causas penales”. Entre estos graves delitos se encuentran desapariciones forzadas, homicidios, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, exceso en el uso de la fuerza, y lesiones y amenazas que sufrieron los estudiantes sobrevivientes.
“Mientras no se esclarezcan los hechos completamente y no se ubique el paradero de los normalistas, las búsquedas deben continuar”, subrayaron los investigadores, ante la posibilidad que la Fiscalía mexicana cierre el caso sin llegar a resolverlo.
Los padres aún luchan
Tristeza
El grupo deja México porque el Gobierno no extendió su mandato. “Tenemos la tristeza de irnos”, dijo una de las expertas. Los padres de los estudiantes se manifestaron el martes, a los 19 meses de que desaparecieran.
