Puerto Rico decretó una moratoria en el pago de la deuda de 422 millones de dólares del Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central) que venció este domingo, por lo que el gobierno se expone a múltiples demandas judiciales.
El gobernante Alejandro García Padilla anunció el impago, que se concreta este lunes, con voz apesadumbrada en un mensaje por televisión y radio en el que indicó que ponía en vigor de modo temporal la ley de moratoria aprobada en abril por el Congreso local al no tener el estado libre asociado a Estados Unidos solvencia para honrar el pago.
Anteriormente, la isla caribeña había incurrido en dos impagos que afectaron a acreedores locales, como los proveedores de servicios y las cooperativas, pero en esta ocasión incluye a bonistas de Wall Street.
Con una deuda pública que ronda los 70.000 millones de dólares, Puerto Rico se encuentra prácticamente insolvente, ya que la liquidez del BGF es apenas de 562 millones de dólares.
El mandatario volvió a insistir en que el Congreso de Estados Unidos le provea a Puerto Rico un mecanismo que le permita reestructurar su enorme deuda, que San Juan ya ha dicho que considera impagable. La Casa Blanca ha respaldado los esfuerzos de San Juan.
«Le hemos pedido al Congreso una y otra vez que nos provea las herramientas para reestructurar nuestras deudas; no queremos un rescate financiero, ni nos han ofrecido un rescate financiero, lo que queremos es un proceso de reestructuración que no les costará nada a los contribuyentes de Estados Unidos», argumentó García Padilla.
Aclaró que ante la falta de liquidez simplemente necesitan las herramientas legales que permitan al gobierno enfrentar la crisis fiscal, además de contar con un marco legal para cumplir con sus obligaciones con los acreedores, incluyendo aquellas contraídas por otros gobernadores.
Reiteró que dará la bienvenida a una junta federal de supervisión fiscal, como impulsa un sector republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, siempre que contribuya a balancear el presupuesto y mejorar la disciplina fiscal de Puerto Rico, para que los futuros gobernantes no cometan los errores en que incurrieron otros en el pasado.
Puerto Rico se mantiene hundido en la recesión desde hace una década, lo que ha provocado un verdadero éxodo de sus habitantes a Estados Unidos continental, agudizando aún más los problemas económicos de la isla.
La crisis en Puerto Rico comenzó cuando en 2006 finalizó un sistema de exoneración fiscal para empresas norteamericanas instaladas en la isla, lo que provocó una caída de la actividad económica, ante lo cual sucesivos gobiernos emitieron deuda para cubrir el creciente déficit.
