La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció ayer ante los sindicatos un aumento del programa de combate al hambre Bolsa Familia, un ajuste al impuesto sobre la renta que beneficie a los asalariados, y que “resistirá y luchará hasta el final” contra su destitución.
Rousseff realizó este anuncio durante un acto en Sao Paulo organizado por la Central Única de los Trabajadores (CUT), el mayor gremio obrero del país, con motivo del Día Internacional del Trabajo. Advirtió que si ella es sustituida y el vicepresidente Michel Temer asume el poder, “acabará con una parte” de Bolsa Familia y llevará a cabo una política de “privatizaciones”. La Presidenta igualmente anticipó un ajuste al impuesto sobre la renta en favor de los trabajadores, que entraría en vigor a partir de 2017.
El programa social Bolsa Familia fue creado por el Gobierno del padrino político de Rousseff, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), y concede subsidios de unos 164 reales (unos 48,2 dólares) mensuales de media a cerca de 14 millones de familias de escasos recursos, según los datos del Gobierno.
Resistencia. La Mandataria lanzó el reajuste del programa contra el hambre a pesar de la oposición de su equipo económico, que en el último año lanzó impopulares medidas de austeridad para sanear las cuentas y que generaron críticas dentro su partido, el del Partido de los Trabajadores (PT). Rousseff aseguró que la medida ya estaba prevista en el presupuesto aprobado por el Congreso en 2015 y que, por tanto, no repercutirá en el rumbo de las cuentas públicas.
En la que podría ser la recta final de su mandato, ya que se avizora un juicio político ya aprobado por la Cámara de Diputados, la jefa de Estado ha intensificado el contacto con los grupos de izquierda y promete anunciar a lo largo de la semana más medidas de carácter social, con las que pretende recuperar el respaldo de sindicatos, movimientos sociales y las propias bases del PT. Estos grupos están desencantados con Rousseff por el escándalo de corrupción que ha salpicado al PT, por las medidas de austeridad propuestas para sanear las cuentas del Estado y por la grave crisis económica que vive el país, la cual ha provocado un alza del desempleo y un aumento de la inflación.
La Presidenta insistió en que es víctima de un “golpe” de Estado que comenzó a ser tejido por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, pero afirmó que “luchará”, como, según recordó, ya hizo durante la dictadura. Acusó a Cunha y a otros legisladores de ser los “responsables” de la crisis económica que vive el país y del aumento del desempleo por no aprobar las reformas que ella propuso al Congreso.
El PT, por su parte, ha comenzado una movilización de cara a una eventual gestión de Temer, quien sucedería a Rousseff si ésta finalmente es apartada de su cargo, y ha intensificado el mensaje de que la Mandataria no cometió ningún “crimen de responsabilidades”. “Es un golpe especial, no es golpe con armas y tanques en las calles, como ya vimos. Ellos rasgan la Constitución”, aseguró Rousseff durante el acto sindical.
La Presidenta advirtió que ante el reto “resistirá y luchará hasta el final”, como hizo durante la dictadura, época en la que pasó casi tres años en prisión y sufrió torturas por sus vínculos con un grupo que se alzó en armas contra el régimen. “Ésta es una lucha por la resistencia y contra la pérdida de derechos, es una lucha a favor de las conquistas sociales, una lucha por la democracia”, dijo Rousseff en un encendido discurso.
Proceso en marcha en el Senado
Debate
El Senado de Brasil debate estos días si existen motivos jurídicos para la apertura del proceso político contra Rousseff y deberá tomar una decisión en dos semanas.
Juicio
En caso de que una mayoría simple entre los 81 senadores apruebe la instauración del proceso, Rousseff deberá separarse del cargo durante los 180 días que puede durar el juicio político.
Sustituto
El puesto de Rousseff sería ocupado por Temer, quien, en caso de que la Presidenta sea finalmente destituida, completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019.
